Embajador Jorge Valero

Venezuela aboga por la construcción de un CIDH que no se preste a maniobras políticas

El embajador rechazó contundentemente partes del informe de la CIDH en las que se señalan supuestos fallos del sistema judicial venezolano. Venezuela aún está a la espera de que la CIDH examine la conducta que asumiera durante el golpe de Estado del 2002

06 de junio de 2006

"Estamos interesados en construir un Sistema Interamericano de Derechos Humanos absolutamente transparente, que no se preste a maniobras políticas", declaró hoy ante 36º Asamblea General de la OEA el embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante ese organismo, Jorge Valero.

Esta declaración la realizó a propósito de algunos puntos contenidos en el informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Valero rechazó contundentemente partes del informe de la CIDH en las que se señalan supuestos fallos del sistema judicial venezolano.

"¡Esto es absolutamente falso!", manifestó enfáticamente Jorge Valero, citando uno de los puntos abordados en el informe según el cual la CIDH "dio particular atención a los problemas subyacentes a la provisionalidad de los jueces y a la utilización de la justicia militar para el procesamiento de civiles".

Para sustentar su afirmación, citó datos proporcionados por el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia que muestran los avances registrados en la transformación del Poder Judicial venezolano.

"En el año 2002 solo el 20% de los jueces eran titulares, y, en este momento, el 65% de los jueces han accedido al poder judicial mediante concursos públicos transparentes y orales, y se estima que para finales de este año el 90% de los jueces en Venezuela habrán ingresado al sistema judicial mediante concursos públicos transparentes y abiertos", relató Valero.

Al respecto, y haciendo hincapié en el respeto que Venezuela profesa a la jurisdicción interna de cada nación, señaló el embajador que "hay países (...) donde el presidente designa a los tribunales de la alta magistratura y los gobernadores de estado designan a los fiscales regionales. En el caso de Venezuela es por concurso, en consecuencia hemos avanzado en los términos matemáticos que he expuesto aquí".

Con relación a que en Venezuela se utiliza la justicia militar para el procesamiento de civiles, Valero afirmó nuevamente la falsedad de esta premisa.

"La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela estableció un perfecto deslinde entre la jurisdicción civil y la militar. En los tiempos de la IV República, civiles eran sometidos a la jurisdicción militar (...) era frecuente que dirigentes políticos fueran sometidos a la jurisdicción militar".

Según manifestó, él mismo, en sus tiempos de estudiante, fue sometido a la jurisdicción militar y por ello subrayó que "los que participamos en la construcción de este proyecto revolucionario en Venezuela (...) nos hemos esforzado porque en nuestra constitución se establezca con transparencia el deslinde entre la jurisdicción civil y la militar".
 
 Recordó que Venezuela aún está a la espera de que la CIDH examine la conducta que asumiera durante el golpe de Estado del 2002 y la efímera dictadura de Pedro Carmona Estanga.
 
 Rememoró que en aquella oportunidad, ante la solicitud de medidas cautelares en favor del presidente Hugo Chavez Frías hecha por una organización de la sociedad civil, la respuesta de la CIDH, a traves de su Secretario Ejecutivo, Dr. Santiago Canto, fue "pedir al ilustre gobierno de Pedro Carmona Estanga (...) [información sobre] qué pasaba y que diera respuesta en 10 o 15 días acerca del señor Hugo Chávez Frías, cuando era público y notorio que el presidente constitucional se encontraba secuestrado por los golpistas y su vida corría peligro".

Reconoció el esfuerzo realizado por el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Fernández Arévalo, por reconocer los avances en el desempeño del país en el ejercicio de los DDHH.

Señaló que en el período constitucional de Chávez, los casos reportados ante la CIDH se han reducido en 50%, y en cuanto a los casos ante la Corte Interamericana, Venezuela ha aceptado la jurisdicción de la corte y ha reconocido reparaciones que preceden al gobierno de Hugo Chávez Frías, como son la masacre de indígenas en la frontera con Brasil, y en la masacre ocurrida durante el llamada caracazo, el 27 de febrero de 1989.
 
 En torno a los derechos económicos y sociales, declaró que "Venezuela se enorgullece de ser uno de los pocos países del continente que en pocos años abatió el analfabetismo".
 
 Así mismo, agregó que en materia de prestación de servicios, de una población de 24 millones, "17 millones de ellos reciben servicios de salud gratuitos, medicamentos gratuitos; casi 20 millones de habitantes tienen acceso a los programas de alimentación subsidiados por el Estado".

Señalando que en Venezuela no existen presos políticos, a pesar de que el gobierno de Hugo Chávez ha sido objeto de un golpe de Estado y actos de sabotaje, como el ocurrido a la industria petrolera en 2002-2003, el embajador Valero manifestó categóricamente que "en Venezuela nunca en su historia se habían respetado tanto los derechos políticos, las libertades fundamentales, como ahora", lo que, "habla de la vigencia y respeto a los Derechos Humanos en el terreno de las libertades políticas fundamentales".

Nota Cortesía Vive TV