A mediados del pasado mes de diciembre, el Ministerio Público inició una investigación en atención a tres denuncias formuladas con relación al paro de actividades convocado por los ciudadanos Carlos Ortega y Carlos Fernández en los primeros días de este mismo mes de diciembre.

Para la referida investigación fueron comisionadas las doctoras Luisa Ortega Díaz, fiscal sexta con competencia nacional, e Ildamar Fernández, fiscal séptima auxiliar del área metropolitana de Caracas.

Es preciso recordar que el ciudadano Carlos Fernández declaró el jueves 30 de enero, en calidad de testigo, ante la representación fiscal, en instalaciones del Ministerio Público, luego de lo cual le informó a los medios de comunicación que volvió a ser citado a declarar en calidad de imputado, citación a la cual no acudió. Por su parte, el ciudadano Carlos Ortega no atendió ninguna de las citaciones a declarar emitidas por la Fiscalía.

El martes 18 de febrero la representación fiscal solicitó, cumpliendo el trámite ante la Oficina Distribuidora, conforme al artículo 250 del COPP la privación judicial preventiva de libertad ante el Juez de Control que determinara la distribución, con el propósito de que los ciudadanos Carlos Fernández y Carlos Ortega fueran conducidos al órgano jurisdiccional y el juez resolviera lo procedente.

Ayer, miércoles 19 de febrero de 2003, el juzgado 34 en funciones de control de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas, acordó la solicitud y dictó orden de aprehensión y captura a los ciudadanos mencionados. En un lapso de 48 horas, el ciudadano aprehendido será conducido ante la presencia del Juez.

El Ministerio Público basó la solicitud de privación judicial preventiva de libertad del ciudadano Carlos Fernández en los delitos de rebelión civil, instigación a delinquir, agavillamiento, traición a la patria y devastación, todos previstos en el Código Penal venezolano. La aprehensión del ciudadano Carlos Fennández se concretó de acuerdo a lo dispuesto por el juzgado 34 de Control, apegada a derecho.

Esta madrugada la fiscal Zurama Villarroel acudió a la sede de la Dirección de los Servicios de Investigación y Prevención (Disip) para constatar el estado físico del ciudadano aprehendido, a quien se le ha practicado un reconocimiento médico-legal en el cual se determinó su buen estado de salud. En estos momentos se espera la práctica de un nuevo reconocimiento médico-legal, ordenado por la fiscal Ildamar Fernández (auxiliar de la fiscalía séptima del área metropolitana de Caracas) a los fines de volver a dejar constancia del buen estado de salud del aprehendido.

Asimismo dos fiscales adscritas a la Dirección de Protección de los Derechos, Fundamentales, las doctoras Zurama Villarroel y Aura Torres, concurrieron a la sede de la Disip, donde el ciudadano Carlos Fernández estuvo reunido con sus abogados defensores y con sus familiares. Cabe destacar que esta solicitud de aprehensión, hecha por el Ministerio Público, se circunscribe en este momento sólo a los dos ciudadanos ya mencionados.

A propósito de algunos comentarios que han sido formulados debo hacer algunas consideraciones sobre la Declaración Contra la Violencia , Por La Paz y La Democracia, recientemente suscrita el pasado martes entre los representantes del Gobierno y la Coordinadora Democrática.

Debo referirme a ellas porque la misma, entre otras consideraciones, emplaza "a todas las autoridades y organismos administrativos y jurisdiccionales competentes, a actuar sin contemplaciones, para investigar y sancionar la pérdida de vidas humanas o las lesiones a éstas dirigidas, así como cualesquiera otros hechos de violencia; y en general se respete y se exija respeto para la Constitución y las leyes de la República...''

En efecto, el Ministerio Público ha actuado, y lo seguirá haciendo, investigando y solicitando ante los organismos jurisdiccionales correspondientes, las sanciones a que hubiere lugar contra los hechos punibles suscitados con ocasión a la violencia, y con la finalidad de que se respeten la Constitución y las leyes de la República.

Tal es el caso de investigaciones como:

- Puente Llaguno, la cual ha arrojado un saldo de cuatro personas acusadas (sólo a la espera del juicio) así como la solicitud de aprehensión contra otras diez personas;
- Sucesos de la Plaza Altamira, donde hay dos personas acusadas ( en espera de la audiencia preliminar); y la investigación referida al paro de actividades en el país que ha arrojado las actuaciones antes explicadas.