Señores Diputados y Señoras Diputadas.

 

Agradezco la invitación que me ha formulado el Grupo venezolano del PARLATINO, para que participe en la celebración  del 40° aniversario de la fundación  del Parlamento Latinoamericano y del Día de la Unidad Latinoamericana.  

 

Hace cuarenta años surgió el Parlamento Latinoamericano. Sus precursores decidieron, en la ciudad de Lima, República del Perú, crear esta importante instancia legislativa, de carácter regional, permanente y unicameral, para que impulsara la lucha por la integración de América Latina y del Caribe.

 

Señores Diputados y Señoras Diputadas

 

El legado del Libertador Simón Bolívar irradia con fuerza el ideal integracionista que inspira a nuestros pueblos. Y nos convoca, nuevamente, a alcanzar objetivos superiores de redención humana. El padre de la Patria dijo que: “El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política”.

 

Alcanzar la integración solidaria y humanista de  América Latina y el Caribe y superar las injusticias sociales son prioridades de este tiempo. El Gobierno Bolivariano, que lidera el Presidente Hugo Chávez Frías, ha convertido estos objetivos en fundamentos de su política exterior.

 

Venezuela coadyuva, en esta hora de la historia, a la construcción de un mundo multipolar, en una comunidad de naciones soberanas.

 

Para superar la pobreza, la inequidad y la exclusión social, se requiere del concurso de los más diversos sectores de la sociedad nacional y hemisférica. Y ahí caben todos los que levantan las banderas de la Libertad, la Igualdad, la Justicia y la Solidaridad. Principios consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Señores Diputados y Señoras Diputadas:

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, realizada en 1966, decidió aprobar dos Pactos, esbozados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948: El pacto sobre los derechos civiles y políticos, por un lado, y el pacto sobre los derechos económicos, sociales y culturales, por otro.  Ambos entraron en vigor en 1976. Junto con la Declaración Universal y los Protocolos Facultativos, constituyen la Carta Internacional de Derechos Humanos.

 

Necesario es recordar que en el año 2000, 147 Mandatarios, Jefes de Estado y de Gobierno, Líderes del Mundo, aprobaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en la Asamblea General de la ONU.

  

Cinco años después, de haberse aprobado aquel documento, los resultados no son muy halagüeños. La pobreza, la  inequidad y la exclusión social han alcanzado -en nuestro continente- niveles sin precedentes.  Afecta el desarrollo y la sostenibilidad de los países.

  

El cumplimiento de los objetivos del milenio debe inscribirse en una perspectiva humanística y en una dimensión ética.

 

Sectores sociales mayoritarios han estado condenados, históricamente, a vivir en situaciones ruinosas y degradantes,  pero es que, como bien decía Don Francisco de Quevedo: “… no podemos hacer el experimento de entrar al infierno para no salir”.

 

Es necesario, por tanto, crear y fomentar las condiciones reales, dignas y humanas, para que todos  los hombres y mujeres puedan tener acceso al disfrute de la riqueza y el bienestar. Necesario es construir una nueva condición de ciudadanía, basada en el reconocimiento pleno y en el ejercicio garantizado de todos los derechos, donde los sujetos sociales construyan el proceso democrático con autonomía y libre determinación.

 

Para alcanzar la equidad y la inclusión social en nuestro continente es necesario establecer un patrón distinto de valores. Construir un nuevo sujeto histórico, orientado al cambio social. Por eso, el Gobierno Bolivariano promueve políticas de Estado con rostro humano y de carácter integral, que responden a las necesidades de todos los grupos sociales, con énfasis en los pobres y excluidos.

 

 La Revolución Bolivariana inspira sus políticas de Estado en principios trascendentales: libertad, universalidad, equidad, solidaridad, igualdad, justicia, participación y corresponsabilidad. Son su fundamento ético.

 

Señores Diputados y Señoras Diputadas.

 

Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-2004) revela que América Latina tiene una paradoja: cuenta con gobiernos que han sido electos mediante el voto, pero se observa una creciente insatisfacción con las Democracias.  Tenemos democracias cuyas sociedades exhiben profundas desigualdades y un crecimiento económico inequitativo e insuficiente para satisfacer las demandas populares.

 

Democracias con pobreza son democracias empobrecidas. Democracias sin justicia social son Democracias inviables y sometidas a la impugnación de los pueblos.

 

La fragilidad de la democracia tiene que ver, principalmente, con las profundas dicotomías que caracterizan el panorama social de nuestro continente.

 

La crisis de las Democracias sin justicia y sin participación es incontestable. En los últimos 5 años 11 Presidentes han abandonado el poder sin que concluyan el mandato pautado en las Constituciones de sus países.

 

Un estudio reciente de las Naciones Unidas sobre la Democracia en América Latina señala que:

 

“La democracia, la estabilidad de Gobiernos, la gobernabilidad, no depende sólo de lo político; si no son capaces los Gobiernos de América Latina de dar respuesta a las demandas sociales que tienen sus pueblos, la democracia estará en peligro”.

 

En nuestra región coexisten, de manera dramática, la democracia con una extendida pobreza. Unos 240 millones de latinoamericanos viven en ésta situación. La desigualdad, la exclusión y la discriminación generan recurrentes crisis de gobernabilidad.

 

Constata el estudio de la ONU que la región latinoamericana es la más desigual e inequitativa del mundo.

 

Y reconoce que los gobiernos llamados democráticos no han cumplido con las aspiraciones políticas, sociales y económicas de los ciudadanos. El 64,6% de los latinoamericanos opina que los gobernantes no honrran sus promesas y mienten para ganar elecciones.

 

El 79,7% de los encuestados consideró que los grupos económicos, empresariales y financieros, son los que ejercen el poder en sus países. El 65,2% atribuyó –también- gran poder a los medios de comunicación.

 

Por otra parte, y de acuerdo con la CEPAL, los países de América Latina y el Caribe -salvo escasas excepciones- no han tenido éxito en la lucha para erradicar el hambre. El 64% de la población aún vive en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. Y cada año, más de 6 millones de seres humanos se suman a un perverso circuito caracterizado por la inequidad y la exclusión social.  La pobreza ha seguido creciendo al amparo de un modelo, el neoliberalismo, que produce y reproduce ad infinitum la injusticia y la desigualdad. Crece la brecha entre pobreza y riqueza al interior de los países y entre las respectivas naciones.

 

Superar esta perversa y aberrante situación, que muestra patéticamente el fracaso de un modelo de organización social, explotador y excluyente, constituye el principal desafío que encara el Hemisferio.

 

Para que la democracia tenga verdadero sentido, es necesario establecer condiciones de vida digna para millones de personas, que hoy están al margen de los progresos que genera el desarrollo. Poco sentido tiene la libertad cuando se padece de hambre. Se carece de empleo y salario digno, de vivienda confortable,  de educación y de servicios médico-asistenciales.

 

Señores Diputados y Señoras Diputadas.

 

Interesante y enriquecedor ha sido el camino que ha recorrido la OEA para que la agenda social adquiera – como en efecto ha adquirido- alto relieve. El papel que ha jugado nuestro país ha sido determinante.

 

En el marco de la Asamblea General OEA, celebrada en San José de Costa Rica, en junio de 2001, propusimos que la democracia participativa y la justicia social, debían ser considerados temas fundamentales de la Organización. Condición sine qua non para garantizar la gobernabilidad democrática.

 

En la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, celebrada en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001, se aprobó la Carta Democrática Interamericana. Instrumento que da cuenta de los derechos civiles y políticos en el sistema interamericano. Ese mismo día, la Delegación venezolana hizo un llamado para que se impulsara una enérgica y mancomunada acción interamericana para superar la pobreza, la injusticia y la desigualdad, a cuyos efectos planteó la necesidad de contar, con una Carta Social de las Américas, que reconociera también los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos.

 

La Delegación Venezolana propuso, asimismo, en la Asamblea General realizada en Barbados, en junio de 2002, -y fue aprobada- la resolución denominada “Pobreza, Equidad e Inclusión Social”, mediante la cual se instó a la OEA para que los temas de la agenda social y de cooperación para el desarrollo, tuvieran igual importancia que los temas políticos.

 

Y en la Declaración de Santiago, aprobada en la Asamblea General de la OEA, en Santiago de Chile, junio de 2003, se señala que:  “... el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática requiere la superación de la pobreza y de la exclusión social y la promoción del crecimiento económico con equidad, mediante políticas públicas y prácticas de buen gobierno que fomenten la igualdad de oportunidades, la educación, la salud y el pleno empleo.”

 

Un hito histórico fue la Reunión de Alto Nivel sobre Pobreza, Equidad e Inclusión Social, celebrada en la Isla de Margarita, en octubre de 2003.

 

En la Declaración adoptada, los 34 países que integran la OEA se comprometieron a “…crear condiciones favorables para el desarrollo socioeconómico con equidad para promover sociedades más justas”.

 

En Margarita se reivindicó la esperanza. Se señalaron perspectivas para conquistar sociedades más democráticas. Democracias con justicia, en aras de ensanchar las fronteras de la libertad y potenciar el desarrollo integral de nuestros pueblos.

 

En ese marco, el Parlamento Latinoamericano hizo entrega al Presidente Hugo Chávez Frías y al Representante Permanente de Venezuela ante la OEA, de la Carta de los Derechos Sociales Fundamentales de América Latina y el Caribe. Documento aprobado en la Segunda Cumbre de la Deuda Social y de la Integración Latinoamericana, el 20 de septiembre de 2003.

 

Con estos antecedentes, el Gabinete Social y el Ministerio de Relaciones Exteriores, iniciaron, conjuntamente con la Comisión de Deuda Social del Parlamento Latinoamericano, la elaboración del Proyecto de Carta Social de las Américas, que ya hemos presentado ante la OEA. Este proyecto se nutrió con la participación de miles de venezolanos y venezolanas quienes dieron sus aportes, en cinco eventos nacionales realizados. Él es, por lo tanto, expresión genuina de la democracia participativa. 

 

En la Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisférica, realizada en México, en octubre de 2003, se señaló que la democracia, la estabilidad y la seguridad de los Estados se ve afectada por la pobreza y la exclusión social.

 

Y en la Cumbre Extraordinaria de las Américas, que tuvo lugar en Monterrey, México, en enero de 2004, los Jefes de Estado y de Gobierno del Hemisferio reconocieron “…la importancia de la promoción y observancia de los derechos  económicos, sociales y culturales”. En ese sentido, urgieron a la OEA a “considerar cuidadosamente las recomendaciones aprobadas durante la Reunión de Alto Nivel sobre Pobreza, Equidad e Inclusión Social”.

 

El debate en la OEA en torno a la agenda social no ha estado exento de obstáculos. Los defensores del neoliberalismo, han tratado de bloquear iniciativas venezolanas en ese sentido.

 

Sin embargo, la Asamblea General de la OEA celebrada en Quito, Ecuador, en junio de 2004, aprobó la Resolución, presentada por el Gobierno Bolivariano, intitulada: “Proyecto de Carta Social de las Américas: renovación del compromiso hemisférico del combate a la pobreza extrema en la región”.

 

El respaldo a la propuesta que Venezuela venía impulsando, desde el año 2001, fue casi unánime. La Delegación Norteamericana, reticente hasta el último minuto, se vió obligada a plegarse al constatar el abrumador respaldo que había alcanzado la propuesta, entre las Delegaciones del continente.

 

El 7 de octubre de 2004 se constituyó en Washington, el Grupo de Trabajo que llevará adelante el mandato de la Asamblea General.

Y el 27 de mayo de 2005 se eligió el Presidente del Grupo de Trabajo. Responsabilidad que recayó, en quien les habla, el Representante Permanente de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos. El grupo comenzará sus negociaciones el próximo primero de septiembre de 2005.

 

La Asamblea General de la OEA, realizada recientemente en Fort Lauderdale, entre el 5 y 7 de junio de 2005, ha renovado el mandato para que se inicien las negociaciones sobre la Carta Social de las Américas.

 

Esta Carta Social de las Américas puede coadyuvar a enfrentar la pobreza, la inequidad y la exclusión social. Es necesario transformar las condiciones materiales y espirituales dentro de las cuales se discurre la vida política y social.

 

Este instrumento hemisférico pretende fomentar en nuestro continente la universalización de los derechos humanos. El Gobierno Bolivariano espera que sea expresión no sólo de los Gobiernos representados en la OEA, sino también -y fundamentalmente- de los pueblos.

 

Señores Diputados y Señoras Diputadas.

 

La aprobación de la Carta Social de las Américas  reivindicará los derechos económicos, sociales y culturales, y permitirá que la OEA avance hacia la formulación de una concepción y multidimensional de la democracia.

 

Si no se hacen realidad las más caras aspiraciones de nuestros pueblos, la gobernabilidad democrática estará permanentemente asediada. La insatisfacción de las necesidades colectivas fundamentales seguirá generando tensiones, que pueden llegar a ser explosivas. Como en efecto ha ocurrido en varios países del hemisferio.

 

Diputados y Diputadas

 

Es imperativo replantear el concepto de Democracia en nuestro Continente. Oxigenar la democracia mediante el ejercicio de formas directas e indirectas de participación. Por eso hablamos de la Democracia Participativa y Protagónica. De  democracia con Justicia Social para que todos los ciudadanos construyan, día a día, su propio destino. 

 

Las nuevas realidades históricas demandan una renovación de la agenda de la OEA, aún impregnada de remanentes de la Guerra Fría.  Ese foro interamericano debe registrar los cambios políticos, económicos y sociales que hoy recorren nuestro continente. Modelos democráticos diversos han adquirido carta de ciudadanía. Una revolución democrática ocurre en nuestro país.

 

La democracia participativa venezolana enriquece el paisaje democrático de América Latina y el Caribe. No hay un modelo único de democracia. Cada país, desde su propia tradición histórica y conformación política y sociológica, puede dar su aporte para la configuración de un continente verdaderamente democrático.

 

Hoy asistimos al colapso histórico del neoliberalismo. Al fracaso de las democracias que desatienden la dimensión social.

 

Es imprescindible, por lo tanto, encarar con determinación la lucha para alcanzar la equidad y la inclusión social. Para superar las terribles desigualdades e injusticias, que caracterizan el capitalismo. Requerimos de verdaderas democracias en nuestro Continente. Esta lucha no tiene espera. Si no la comenzamos hoy, mañana será tarde.

 

Pueblo venezolano, prócer de la esperanza. Como alguna vez leí en Mallermé: “Recuerdo el tiempo en que bebí tu leche”.