Discurso del estado venezolano en la Audiencia realizada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
OEA, Washington D.C., 24 de marzo de 2009
El estado venezolano quiere expresar su complacencia por el nombramiento como presidenta de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la doctora Luz Patricia Mejías, compatriota con meritos teóricos y prácticos en materia de derechos humanos, con conocimiento de causa de la realidad política, económica y social venezolana, que vivió y sufrió con nosotros las consecuencias del golpe de estado, del paro patronal y el saboteo a la industria petrolera que violaron los derechos humanos de todos los venezolanos durante el año 2002, 2003 y 2004 porque trabajaba con nosotros en la Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela.
Por tales razones, esperamos que la Presidenta de la Comisión pueda servir de interlocutora valida entre el Estado venezolano y esta Comisión, para ponerle fin a la actitud de parcialidad y selectividad con que ha actuado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para con Venezuela desde el año 2002, lo que significa una atentado contra la credibilidad y fortaleza del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
La compatriota Luz Patricia Mejías sabe que Venezuela no busca desprestigiar
esta Comisión sino que la misma reconozca sus errores y democratice sus
reglamentos y actuaciones para mejorar el funcionamiento y respeto de los
derechos humanos de los Estados que conforman la Organización de Estados
Americanos.
Venezuela no entiende como esta Comisión en sus informes anuales del año 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 y 2008 nos incluye en el Capítulo IV, como violadores de los derechos humanos junto con Cuba, Haití y Colombia.
Señores Comisionados.
Venezuela ratificó la Convención Americana el 23 de junio de 1977, desde esa fecha hasta el año 2000, se admitieron seis denuncias de violaciones de los derechos humanos ante esta Comisión. Debemos dejar claro que durante esos años en Venezuela se asesinaba a estudiantes venezolanos en manifestaciones, se desparecían dirigentes políticos y luchadores de los derechos humanos, por cualquier hecho sin importancia se suspendían las garantías constitucionales, se aplicaba la ley de vagos y maleantes, se cerrar periódicos se incautaron ediciones, se llevaba a la cárcel a los periodistas que se atrevían a denuncias estas violaciones de derechos humanos. Se cometieron masacres como Cautaura, Yumare y el Caracazo: No obstante, ante ese periodo la Comisión admitió seis demandas contra Venezuela.
En cambio, a partir de 1999, cuando en Venezuela, se instaura un gobierno que no se arrodilla a los intereses del principal financista de esta Comisión, se produce una avalancha de admisiones de casos. Traducidas en 152 denuncias, de las cuales fueron admitidos 52. Además existen medidas cautelares y medidas preventivas admitidas por la Comisión y la Corte Interamericana. Solo en el año 2008, admitieron veintiocho nuevos casos.
La Comisión ha presentado diez demandas contra Venezuela ante la Corte Interamericana de las cuales han sentenciado siete, y están en trámite tres.
Estas acciones de la Comisión hacia Venezuela, demuestra su parcialidad a la hora de admitir casos y dictar medidas cautelares, actúa con una inusual diligencia, sin respetar el requerimiento del agotamiento del derecho interno, sin argumentos ni pruebas suficientes, siempre y cuando los beneficiarios de sus actuaciones se encuentran del lado de los intereses que se oponen al proceso de inclusión y reivindicación que preside el Presidente legítimo Hugo Rafael Chávez Frías.
Por el contrario, cuando los derechos humanos en Venezuela requerían de una actuación contundente y decidida de la Comisión, ésta asumió una actitud ambigua y complaciente con los sectores que atentaron contra la democracia y los derechos humanos en el golpe de estado de abril de 2002.
Por tales motivos, preocupa al Estado venezolano que los señalamientos que continua efectuando la Comisión en sus informes anuales contra Venezuela, continúen careciendo de una metodología fundamentada en la objetividad y transparencia, efectuando remisiones genéricas a fuentes que no determina, al peso excesivo que coloca en las fuentes hemerográficas de los medios de comunicación venezolana que en un ochenta por ciento actúan como partidos políticos de la oposición, las cuales no siempre están al servicio de la verdad, si tomamos en cuenta la politización que existe en Venezuela.
Venezuela cuenta con razones suficientes para afirmar que la Comisión ha abandonado su condición de organismo internacional imparcial encargado de velar por el respeto de los derechos humanos en la región, para convertirse en un instrumento político de los sectores nacionales e internacionales interesados en desacreditas y desestabilizar al gobierno bolivariano y socialista que dirige el Presidente Chávez.
El Estado venezolano viene señalando desde 1999, que en materia de Derechos Humanos, la cooperación y la buena fe resulta esencial para entablar un diálogo que permita establecer hechos y eventualmente, si fuese necesario, determinar responsabilidades. Asimismo, debe tenerse en cuenta que siendo el Estado el responsable primario de la promoción y protección de los derechos humanos, resulta fundamental fortalecer las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, a fin de que los órganos complementarios o subsidiarios de naturaleza internacional sólo se activen cuando sea estrictamente necesario y se evite así banalización de sus procedimientos por razones políticas. Las acusaciones infundadas traen graves consecuencias para la credibilidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y puede resultar adversa a los objetivos que persigue esta Comisión.
Baste recordar como la extinta Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas perdió toda credibilidad una vez que se instauró como foro que servía para ventilar las diferencias políticas entre los Estados, dándoles la espalda a los pueblos y comunidades que en algún momento cifraron sus esperanzas en dicho órgano.
El informe del año 2008, presentado por la Comisión sobre Venezuela, es por demás insólito y rebasa la tolerancia y el estoicismo demostrado por Venezuela desde el año 2002, cuando la Comisión demostró su parcialidad con los golpistas que lograron derrocar al presidente Chávez durante 48 horas y negó la medida cautelar para resguardar su vida.
Señores Comisionados.
Les rogamos que se lean la repuesta del Estado Venezolano al informe de la Comisión del año 2008. No confíen en los proyectos presentados por el Secretario Ejecutivo Santiago Cantón, quien ha demostrado una actitud totalmente parcializada en contra de las políticas económicas, sociales y culturales realizado por el gobierno legítimo del presidente Chávez.
El Estado venezolano ha venido respondiendo todas las observaciones señaladas por la Comisión, referentes a los compromisos normativos en materia de derechos humanos donde consideramos que presentamos deficiencias y cuando se señalan de buena fe.
Basta señalar que el Estado venezolano ha cumplido con sus obligaciones de respetar los derechos humanos cuando ha quedado comprobado su responsabilidad, nos hemos allanados en cuatro casos presentado por la Comisión ante la Corte Interamericana, tales como: el Caso conocido como el Amparo en el año 1988, el Caracazo ocurrido en el año 1989, el Reten de Catia en el año 1992, y desaparecidos de Vargas (1999).
La Comisión ha fracasado en acusar sin fundamento a Venezuela, por ejemplo en la acusación de no existir la independencia de los Poderes Públicos. En el caso de Apitz Barbera y otros, la Corte decidió, que el Estado venezolano no violó el derecho a las víctimas de ser juzgado por un tribunal competente. Que el Estado no violó el artículo 8.1 de la Convención Americana. La Corte dejo claro, que No ha quedado establecido que el Poder Judicial en su conjunto carezca de independencia. En conclusión de catorce peticiones solicitada por la Comisión, la Corte le dió la razón en cinco.
Otra obsesión de esta Comisión consiste en señalar que en Venezuela no se
respeta el derecho a la libertad de expresión, cuando es evidente que existe
y en exceso, solo leyendo los diarios, y oyendo la radio y la televisión
venezolana, cualquiera persona se convence que existe absoluta libertad de
expresión.
A pesar de que los medios de comunicación fueron los principales actores en del golpe de estado de abril de 2002, en el paro patronal y petrolero, guarimbas y desestabilización durante 2002, 2003, y que todavía continúan, nunca se ha cerrado una radio, ni una televisora, ni ningún periódico. Ningún periodista ha sido detenido por ejercer el derecho a la libertad de expresión.
Sin embargo, la Comisión admitió dos denuncias contra Venezuela de dos televisoras RCTV y Globovision, utilizando algunos periodistas, camarógrafos, asistente, directivos y dueños de esas estaciones. La Corte decidió en el caso de (Globovisión y RCTV) lo siguiente:
1.- No ha sido establecido que el Estado haya violado el derecho a la libertad de expresión (Art. 13.5 de la Convención) de los periodistas y trabajadores de Globovisión.
2.- No se ha establecido que el Estado haya violado el derecho a la propiedad privada (Art. 21 de la Convención) de Globovisión.
3- No se ha establecido que el Estado haya violado el derecho a la igualdad ante la Ley (Art. 24 de la Convención).
¿Por qué la Comisión admite tantos casos contra Venezuela? debido a que no respeta la obligación que tienen los sistemas internacionales y regionales de derechos humanos de ser complementarios y subsidiarios a la función del Estado, o sea, los solicitantes deben haber agotado los recursos que le otorga la legislación de su país, para poder acudir a los organismos internacionales.
Así lo establece el preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Volvemos a recordarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Resolución el Consejo de Derechos Humanos del año 2006, que sustituyó a la desacreditada Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Leo: “Reconociendo también la importancia de garantizar la universalidad, objetividad y no selectividad en el examen de las cuestiones de derechos humanos y de eliminar la aplicación de un doble rasero y la politización”.
Decidió también que la labor del Consejo de Derechos Humanos estará guiada por los “principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad, diálogo internacional constructivo y cooperación a fin de impulsan la promoción de todos los derechos humanos, es decir los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo”.
Por tales razones, el Estado venezolano considera que la Comisión se extralimita en cuanto al papel que le corresponde desempeñar dentro del sistema, al pretender imponerse por encima de la legislación interna de los Estados.
Señores Comisionados, queremos ahora contestar las acusaciones infundadas de la Comisión del informe sobre Venezuela del año 2008, rogándoles a los comisionados soliciten su copia de la respuesta del Estado Venezolano y la lean.
La Comisión señala las razones que ella considera para mantener a Venezuela en el capítulo IV, leo.
“Situaciones coyunturales o estructurales que estén presentes en Estados que por diversas razones enfrenten situaciones que afecten seria y gravemente al goce y disfrute de los derechos fundamentales, consagrados en la Convención Americana o en la Declaración Americana. Este criterio incluye, por ejemplo: situaciones graves de violencia que dificultan el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho; graves crisis institucionales; procesos de reformas institucionales con graves incidencias negativas para los derechos humanos”. CIERRO COMILLAS.
La Comisión llega a unas conclusiones que demuestra, una vez más, la parcialización de la misma, el hecho que ocurra en un país, homicidios y ejecuciones extrajudiciales y reformas institucionales, algo cotidiano en todos los países del mundo, no puede llevar a la Comisión a concluir que el Estado venezolano se encuentra violando los derechos humanos.
De aceptar este razonamiento absurdo de la Comisión, entonces todos los Estados del planeta se encuentran en esta situación de violación de los derechos humanos.
Este pretexto no puede llegar a la Comisión, incluso a desconocer los logros alcanzados en derechos políticos durante los últimos diez años por Venezuela, donde a pesar de haberse producido un golpe de estado el 11 de abril de 2002, un paro patronal y petrolero, al igual que la suspensión de los servicios públicos de educación y salud, por espacio de 62 días, donde se produjo una violación masivas de los derechos humanos de todos y todas los venezolanos. Sin embargo, el presidente Chávez no suspendió las garantías constitucionales, no censuró ni cerró a la prensa, ni a la radio, ni la televisión, no tomo represalias contra los promotores del golpe, y llamó a un diálogo nacional al país.
No conforme con toda su demostración de tolerancia política durante siete años, el Presidente legítimo Hugo Chávez Frías en diciembre de 2007, a través de un decreto indultó a todas las personas incursas en juicios por los sucesos golpistas. Durante los últimos diez años se han realizados quince eventos electorales, observados por organismo internacionales quienes han declarados que han cumplidos con todos los estándares internacionales.
El presidente Hugo Chávez Frías es el primer mandatario en el mundo, que ha sido sometido a un referéndum revocatorio en agosto de 2004, a mitad de periodo y lo ganó con más de un millón de votos.
La Comisión que ha sido informada desde 1999 hasta la fecha, de todo lo sucedido en Venezuela, se atrave a señalar que, leo. “la existencia de un ambiente hostil para el disenso político plasmado en la existencia de actos intimidatorios en el contexto de la campaña electoral de noviembre de 2008, sumado a los señalamientos y hostigamientos dirigidos a organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos por su labor de monitoreo de la gestión de gobierno”. Cierro comillas.
Esta falta de objetividad por parte de la Comisión, la pone en contradicción con la opinión pública venezolana e internacional, por cuanto se hace eco de las opiniones de los partidos de oposición y de los medios de comunicación social que no corresponde con la realidad de la situación política venezolana.
Señores Comisionados.
En cuanto a la Situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos señalado por la Comisión desde el párrafo 21 al 22, debemos reiterar que decir la verdad sobre la actuación de algunos defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela y en el exterior, no es motivo para que ellos y la Comisión lleguen a la conclusión de que se encuentren intimidados o amedrentados por cuanto de hecho continúan su labor de descrédito contra las instituciones venezolanas, sin ninguna dificultad.
Señores Comisionados, si en verdad ustedes se consideran defensores de los derechos humanos dejen de utilizar esta noble misión, con fines políticos y pónganse a reflexionar sobre el desastre social que se nos avecinan, con esa crisis económica mundial que está en pleno desarrollo y amenaza con agravar la existente, como ustedes existen 2.500 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares al día, y que representan el 40% de la población mundial y obtienen solo el 5% del ingreso mundial, y nosotros gastamos dos dólares al día en un café. La mitad de la población no tiene energía y no tiene servicio de agua potable. Aunque no le aceptemos mueren todos los días cien mil personas diarias de las cuales treinta mil son niños. Algunos economistas sostienen que estamos en los albores de de la destrucción del planeta, se le agregamos los problemas del cambio climático, y estamos aquí todos nosotros, perdiendo el tiempo en condenar a Venezuela como castigo por buscar una alternativa socialista a la agonía del sistema capitalista.
Dr. Germán Saltrón
Agente del Estado para los Derechos Humanos