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Venezuela: ¿Hay una salida Constitucional? Discurso
del Embajador Jorge Valero en
la Universidad George Washington, ante
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Nuestro
proceso político es sui generis, yo diría que bastante especial,
responde fundamentalmente a
las circunstancias particulares de Venezuela. Arrastramos los males y
virtudes de cuatro décadas del cercano siglo XX. De luchas que de alguna
manera se relacionaron con los problemas que aquejaron a los pueblos
latinoamericanos, pero que en nuestro caso, algo que para muchos parecía
utópico, hoy se torna en realidad. El
colapso del modelo político venezolano se originó, entre otras causas,
por los mecanismos
clientelares utilizados por los partidos tradicionales. Poco a poco esas
organizaciones políticas se debilitaron y erosionaron hasta agotarse. Era
una partidocracia que se concentró en cúpulas insensibles a los
problemas del pueblo, los barrios vivían una cotidianidad cada vez más
miserable, las bases partidistas sólo eran tomadas en cuenta a la hora de
votar, actividad que atendían alineadas de que una vez votaban por el
color verde, que era la tarjeta de los copeyanos, y otra vez lo hacían
por los blancos que eran los adecos. Los discursos demagógicos fueron
perdiendo credibilidad. Fue así como en estas circunstancias se produjo
el año 1992 un movimiento militar de signos patrióticos y progresistas.
Un movimiento que irrumpe contrariamente a las asonadas militares
conocidas (autoritarias, que violan los derechos humanos, que torturan y
asesinan). La ocurrida en Venezuela, basada en los ideales libertarios de
Simón Bolívar y de los libertadores de América, adquiere una
identificación con el pueblo como ninguna. Desde un comienzo las masas
populares –cansadas de tanto engaño de una dirigencia corrupta como la
que dominaba en el país- vieron en la figura del entonces Teniente
Coronel Hugo Chávez Frías, su líder fundamental. En el
marco de su campaña electoral, Hugo Chávez, prometió cambiar la
Constitución Nacional por otra que elaborara el propio pueblo, a fin de
que respondiera a sus necesidades y expectativa como Nación. Una vez
asumió la primera magistratura impulso la celebración de una
Asamblea Nacional Constituyente Originaria. Desde julio a diciembre
de 2000, todos los sectores ampliamente
representados por sus constituyentes, elegidos en votación popular,
defendieron y debatieron apasionadamente
un nuevo proyecto de nación. Es de resaltar que en esa experiencia
de trascendencia, fueron elegidos tres representantes de las comunidades
indígenas de Venezuela, quienes lograron, por vez primera que en la
historia de la República le fueran reconocidos ampliamente sus derechos
como pueblos originarios. De tal debate la nación se reconoció a si
misma como una sociedad multiétnica y pluricultural.
El 15 de diciembre de
2000, el soberano en el marco de un referéndum aprobatorio, respaldó
contundentemente el camino que
determina la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Entre
los aspectos más resaltantes de la Carta Magna podemos mencionar: el
principio de la democracia participativa, mediante la cual se amplia los
derechos de los ciudadanos orientándolos
a lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo,
tanto individual como colectivo. En el marco de este principio
alcanzaron rango constitucional, los siguientes derechos: el
derecho a la salud como parte integral del derecho a la vida; la cultura y
la educación; el medio ambiente sano, entre los otros derechos
tradicionalmente reconocidos. Entre
otros de los aportes importantes de mencionar: la creación de un Estado
integrado por cinco poderes que además de los tradicionales, comprende el
Poder Ciudadano y el Poder Electoral. El
Poder Ciudadano, está integrado
a su vez por la Defensoría del Pueblo;
el Ministerio Público y la Controlaría General de la República.
Es de señalar que el artículo
2 de la Constitución es el fundamento para la creación del Poder
Ciudadano o Poder Moral, cuando el espíritu del constituyente determino
que: “Venezuela
se constituye en un Estado Democrático y social, de Derecho y de
Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico
y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la
solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la
preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”
Hacia
una salida Constitucional, democrática, pacifica y electoral.- Se hace necesario, para esta disertación, que partamos de dos puntos fundamentales: a) sobre el conflicto de intereses que resume la situación en Venezuela
b) La Facultad y la obligación de los Poderes Públicos del Estado
venezolano de garantizar el control de la Constitucionalidad.
a) Sobre el conflicto de intereses que resume la situación en Venezuela. Hay sectores democráticos que se oponen al Gobierno democrático. Derechos plenos les asisten. La Constitución y, sobre todo, el ejercicio de nuestro Gobierno, ha garantizado esos derechos a plenitud. Hay, sin embargo, quiero decirlo de manera categórica, sectores no democráticos en la oposición. Sectores que, desde el mismo momento en que el presidente Chávez asumió la jefatura del Estado, comenzaron a torpedear su gestión, utilizando mecanismos desestabilizadores y planes conspirativos. Son los que dieron el Golpe de Estado del 11 de abril del pasado año. Pero –pocas horas después- un clamoroso movimiento popular, sin parangón, restituyó al Presidente en su magistratura. Transcurridos cerca de ocho meses del Golpe de Estado, que tuvo lugar el pasado mes de abril, una cadena de hechos va revelando la existencia de planes desestabilizadores, impulsados por sectores golpistas de la oposición para crear en el país un verdadero caos. Es así como se exige insensatamente la renuncia del Presidente y se articulan planes para asesinarlo; se procura a toda costa realizar elecciones adelantadas, aún cuanto se alteren los mandatos de la Constitución Nacional; se busca la intervención de Venezuela por parte de instancias foráneas, llegándose al exabrupto de pedir la intervención de los “cascos azules” de la ONU en el país. Perversa estrategia para sacar a Chávez del poder, es la huelga que se inició el pasado 2 de diciembre, convocada, primero parcialmente, y ahora sin límite de tiempo, que se mantiene a través de una estrategia mediática adelantada por medios de comunicación que utilizan cualquier recurso al margen de la ética periodística, que incluye la deformación de los hechos, la manipulación de la verdad e, incluso, mecanismos sicológicos abiertos y subliminales, para inducir una sesgada matriz de opinión. Campaña que, como es obvio, se proyecta a escala internacional de la manera más grosera, tratando de convertir al gobierno democrático de Hugo Chávez Frías en un régimen “forajido”, que vulnera sistemáticamente los derechos humanos. Mentiras que repetidas mil veces se convierten en “verdad” y causan confusión y desconcierto en sectores de la opinión pública internacional. La verdad - la verdad absoluta- es que en Venezuela tenemos el Gobierno más democrático y respetuoso de los derechos humanos que jamás haya existido en nuestra historia. Ejemplo de ello es el respeto absoluto a la libertad de expresión, en este sentido, es importante mencionar, la afirmación hecha por el ex presidente Jimmy Carter, durante una de sus recientes visitas a Caracas, cito: “Yo si creo que la libertad de expresión está vivita en Venezuela, tanto o igual como en cualquier otro país que yo haya visitado. Basta con mirar la televisión, oír la radio, leer los periódicos, para ver que hay una condena hasta inflamatoria de las políticas del Gobierno, y es así como debe ser... Así que en mi opinión, la libertad de expresión está en pleno desarrollo aquí”. Se han activado contra el Gobierno constitucional tres paros nacionales, una huelga general indefinida, como la que actualmente se desarrolla. Se ha producido un Golpe de Estado; se han disuelto todas las instituciones del Estado de Derecho; se ha proscrito el nombre de la República Bolivariana de Venezuela; se ha detenido y secuestrado al Presidente legítimo; se ha desatado una campaña represiva y sanguinaria contra los partidarios del proyecto político que lidera Hugo Chávez Frías. Sus autores y responsables continúan abusando de las libertades que están totalmente vigentes en el país. En Venezuela están en pleno desarrollo planes desestabilizadores contra las instituciones democráticas, que incluyen -de nuevo- la puesta en escena de oficiales activos de la Fuerza Armada Nacional que llaman al desconocimiento del Gobierno legítimo, e incluyen también, el desarrollo de acciones criminales de sabotaje a la industria petrolera nacional que representa, como se sabe, el corazón de la economía venezolana. De esa manera se causa un gravísimo daño al patrimonio público nacional, a sus activos e instalaciones de producción y al proceso de refinación, comercio local e internacional. El plan de desestabilización ha acarreado graves perturbaciones a las economías de países hermanos que utilizan significativos porcentajes de nuestro hidrocarburo e inciden de alguna manera, sobre el mercado energético mundial. El Gobierno de Venezuela, en concierto con los otros países de la OPEP, ha realizado denodados esfuerzos para mantener la estabilidad de los precios del petróleo en el mercado internacional. Y he de
subrayar que todo esto ocurre mientras el Gobierno democrático mantiene
la absoluta vigencia de los derechos humanos. No hay un sólo preso político,
un torturado, un desaparecido, un medio de comunicación clausurado, un
partido inhabilitado. Reina, más bien -ya ha sido dicho- el pleno
ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución
Nacional; una de las más avanzadas del mundo cuya esencia estriba en la
plena vigencia de los derechos humanos.
Muchos se confunden al creer que el gobierno, al asumir una conducta magnánima y tolerante, da muestras de debilidad. Totalmente incierto puesto que el respeto a los derechos humanos no es incompatible con el ejercicio de la autoridad, la cual ejerce nuestro Gobierno a plenitud. El Gobierno que preside Hugo Chávez Frías ha estado sometido a sistemáticos planes de desestabilización, que incluyen una campaña difamatoria contra la Fuerza Armada Nacional y el Plan Bolívar cívico-militar de emergencia y reconstrucción nacional. Ha encarado un golpe institucional mediante el cual Magistrados de la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia intentaran escamotear la verdad. Sentenciaron que el 11 de abril no se produjo un Golpe de Estado - como lo reconoce la comunidad internacional- sino un “vacío institucional”, lo cual dio pie para que otros militares continuaran socavando el orden democrático y sus instituciones. Militares
activos, armados y uniformados llaman a la insurrección militar; a la
desobediencia contra las autoridades legítimamente constituidas; al
fomento del desorden y la anarquía en la ciudad de Caracas. La
oposición ha intentado activar un referéndum consultivo, dándole carácter
revocatorio quebrantando, de esta forma, las reglas del juego democrático
consagradas en la Constitución Nacional. Celada política para engañar a
sectores de la ciudadanía. Se
hacen irresponsables intentos de paralizar el abastecimiento de alimentos
en el país. Se interrumpen importantes actividades en la industria
petrolera nacional, afectando
los volúmenes de producción y el suministro energético. Se dañan
equipos e instalaciones como refinerías, sistemas de bombeo y sistemas eléctricos
computarizados. Se secuestran buques pertenecientes al Estado venezolano e
intenta bloquear el canal en el Lago de Maracaibo que da acceso al
mar. Se intenta impedir que tanqueros
de flotas extranjeras, que
transportan petróleo venezolano, puedan desplazarse libremente. Los principales medios de comunicación se han convertido en partidos políticos, que insurgen contra el orden constitucional. La libertad de expresión es un valor fundamental de la democracia, pero esa libertad debe servir para fomentar la verdad y no para trasgredirla lesionando las instituciones democráticas. La “información” que difunden busca preservar exclusivamente los intereses de los sectores económicos y políticos que representan, olvidando el interés común. Luego del bochornoso episodio del golpe de abril, se instaló en Venezuela una ONG denominada “El Observatorio Global de Medios, capítulo Venezuela”, dedicado a analizar el rol de los medios de comunicación. El 10 de diciembre emitió un comunicado dirigido a la opinión pública nacional e internacional donde se revela que: “A
partir de la convocatoria del paro general, y especialmente en los últimos
cinco días, los medios de comunicación del país, sobre todo las
televisoras en Caracas, están difundiendo mensajes de abierta incitación
a la intolerancia y a la violencia, buscando crear, mantener o
profundizar en los ciudadanos, la predisposición de aceptar
y participar activamente en una confrontación de consecuencias
impredecibles. La
gran mayoría de los venezolanos, aún aquellos que asumen determinada
posición política, no quiere la guerra. Pero esta mayoría no tiene
acceso a los medios masivos. Sólo
se da cabida a los dirigentes y a los activistas cuya opinión concuerda
con la posición asumida por los directivos de esos medios y por algunos
periodistas que están a su servicio. Asimismo,
es importante destacar la preocupación expresada en
la declaración de Human Rights Wacht
y de la Washington Office on Latin America –WOLA- el 9 de octubre
de 2002, la cual dice textualmente: “La situación de la prensa también
es preocupante. En lugar de informar con imparcialidad y exactitud, la
mayoría de los medios de comunicación intentan provocar el descontento y
la irritación popular en apoyo de la línea dura de la oposición”. Otra
dura crítica fue realizada por Mark Weisbrot, co-director del Centro para la Investigación
Política y Económica de Washington, en un reportaje publicado ene
l diario The Washington Post, el 12 de Enero de este año, el cual cito a
continuación: “La
oposición controla los medios privados, y ver televisión en Caracas es
de verdad una experiencia orwelliana. Los cinco canales privados (hay un
solo canal del cual el Estado es dueño) que le llegan a los venezolanos
muestran propaganda continua antichavista.
Pero es aún peor: también son deshonestos sin ninguna vergüenza.
Por ejemplo, el 6 de diciembre, un pistolero aparentemente loco disparó a
un grupo de manifestantes de la oposición, matando a tres y lastimando a
docenas. Aunque no había pruebas para vincular al gobierno con el crimen,
los creadores de noticias de la televisión —armados con imágenes de
cuerpos sangrantes y parientes afligidos— trabajaron inmediatamente para
convencer al público de que Chávez fue el responsable. Poco después del
disparo, se difundían imágenes difusas que pretendían demostrar al
asaltante alegadamente asistiendo a una reunión pro-chavista”.
La actuación del Gobierno Nacional, ha estado enmarcada en el más pleno y absoluto respeto al Estado de Derecho. No ha recurrido al Estado de Excepción, como lo permite la Constitución de la República y como cualquier gobierno pudiera hacerlo en circunstancias parecidas. Y no ha recurrido al Estado de Excepción, entre otras razones, porque implicaría restringir algunas libertades. Luego
del 11 de abril el Gobierno tenía
dos opciones: recurrir a una política de represión u optar por el diálogo.
Como todos saben, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela,
inmediatamente después que fuera liberado por el pueblo y la Fuerza
Armada Nacional, hizo una convocatoria al Diálogo Nacional, sin
exclusiones. Convocatoria que fue apoyada por los Cancilleres de todos los
países de la OEA, reunidos el 4 de junio de 2002 en Barbados. Desde el primer día de su mandato convocó a todos los sectores, sin exclusión alguna, a participar en la construcción del nuevo país. Diálogo verdadero con el concurso de amplios sectores nacionales y no sólo diálogo entre elites. Diálogo en función de implementar los contenidos justicieros, democráticos y libertarios estampados en el texto constitucional. Diálogo para superar las injusticias y alcanzar la equidad. Diálogo para superar la pobreza mediante políticas solidarias. La oposición, sin embargo, se negó a dialogar. La obstrucción de las políticas gubernamentales se convirtió en una constante. Manipulándose de manera cínica las expectativas de miles de personas, lanzó una confrontación fraticida: el Golpe de Estado del 11 de abril, que con tanta fuerza condenaran la comunidad internacional y la OEA. Debe saberse en el mundo. Ustedes deben saber, que en Venezuela existen elites políticas y económicas que pretenden seguir ostentando indebidos privilegios. Que quisieran seguir asaltando el erario público. Practicando las más condenables conductas antinacionales. Son las mismas elites que durante más de 40 años ocasionaron un colapso del país. Que se han apropiado indebidamente de la más fabulosa riqueza que nación alguna haya podido atesorar. Los petrodólares están en cuantiosas proporciones en las cuentas bancarias, que los corruptos más corruptos de la historia, tienen en el extranjero. Aprovecharon su larga estadía en el poder para tejer relaciones “non sanctas” con intereses internacionales. El diálogo que el Gobierno promueve es con los sectores honestos de la sociedad. A los
pocos días del golpe de abril, el Jefe de Estado creó mediante decreto
la Comisión Presidencial para el Diálogo. Al frente de la cual ha estado
el Vicepresidente Ejecutivo, doctor José Vicente Rangel, un paradigma en
la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Ante
las evasivas de la oposición,
el Gobierno convino en la necesidad de solicitar la facilitación de tres
instancias internacionales, para que contribuyeran a la conciliación
nacional. Por eso y, en ejercicio pleno de su soberanía, invitó al
Secretario general de la OEA, al ex presidente Carter, al Centro que él
lidera y a la Organización de Naciones Unidas. La Mesa
de Negociación y Acuerdos es, por
consecuencia, queridos amigos y amigas, hechura del Gobierno venezolano.
Fruto de una estrategia consciente destinada a ganar para el diálogo a la
oposición democrática. Los voceros
de la oposición en la Mesa de Diálogo, sin embargo, están sometidos
constantemente a la presión de la oposición golpista. La que
no quiere el diálogo y, más bien, procura bloquearlo y sabotearlo.
El Gobierno ha denunciado que la oposición tiene un doble discurso. Una oposición habla de diálogo y elecciones. La otra, la golpista, fomenta planes desestabilizadores contra la democracia. En cierto modo la Mesa de Diálogo sirve de fachada a la oposición golpista para comunicarse con la comunidad internacional aparentando que apoya la Mesa. Y la verdad es que, en la práctica, la sabotea. La huelga indefinida que actualmente se ejecuta es contraria al diálogo. Contraria a la Mesa de Diálogo. Contraria a la democracia. Contraria al interés nacional. La huelga es un recurso legítimo de los trabajadores en Venezuela, para cuya ejecución se requiere cumplir con procedimientos establecidos en nuestra normativa legal. La huelga es para defender los derechos reivindicativos de los trabajadores, pero no puede ser utilizada para pretender derrocar un gobierno legítimo. La única vía para sustituir un Gobierno democrático, es la democrática. La alternabilidad republicana se logra por vías pacíficas, democráticas y constitucionales. No por golpes de estado. Tampoco por huelgas indefinidas de carácter subversivo y violento. Los agentes de la desestabilización en Venezuela intentan destruir lo más preciado de la economía: la industria petrolera. No les importa el costo que pudiera significar para el país sus aberrantes designios. La mayoría determinante de nuestro pueblo, mientras tanto, se moviliza pacíficamente a lo largo y ancho del país en defensa de la democracia. En defensa de la industria petrolera. En defensa del proyecto político que dirige Hugo Chávez Frías. Millones de seres humanos participan. Los medios de comunicación, sin embargo, no divulgan esas expresiones populares. El pueblo sencillo es denostado. Se le califica de chusma, de lúmpen, y se le endilga todo tipo de calificativos denigrantes. Se sataniza al pobre, al que apoya al Presidente Chávez, aunque sea de la clase media o alta. Se menosprecia a los millones de hombres y mujeres que viven en los barrios de nuestras principales ciudades. A los que marchan en contra del gobierno - que tienen por supuesto todo el derecho de hacer valer sus banderas- se les denomina “sociedad civil”. A los que respaldan al presidente Chávez, muchos de los cuales están organizados en Círculos Bolivarianos, se les llama miembros de los “círculos del terror”. El
Gobierno del Presidente Chávez no le teme a la consulta electoral por
cuanto se considera asistido por el respaldo de la mayoría de los
venezolanos. En tres años y medio ha promovido y respaldado siete
consultas de carácter nacional. El Presidente, incluso, ha sido
relegitimado en elecciones nacionales. Sin que existieran razones para
ello. Dos veces fue electo presidente por votación popular, en un lapso
de dos años. En ningún
periodo de la historia nacional se había producido tantas elecciones en
tan corto tiempo. La propia Constitución Nacional es el resultado de un
referéndum, realizado también por primera vez en la historia venezolana.
El Gobierno está consciente de que hay numerosos venezolanos que no
comparten su proyecto político. Legítimo derecho tienen a estar en
desacuerdo. La Constitución provee los mecanismos a través de los cuales
los funcionarios públicos, surgidos
del voto popular, pueden ser sustituidos en el ejercicio de sus funciones.
Consagra nuestra Carta Magna en su artículo 72 el Referéndum Revocatorio, según el cual: “Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables”. De acuerdo con la norma constitucional, la revocatoria del mandato procede cuando haya transcurrido la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria. Lo cual significa que desde un alcalde o concejal de nivel local hasta el propio Presidente de la República, pueden ser sustituidos en el ejercicio de sus funciones, si se cumplen los requisitos de ley. Situación excepcional la de Venezuela. Prueba fehaciente de la democracia participativa. En ninguno de los países hermanos del hemisferio existe norma semejante. La mitad del periodo del Presidente Chávez se cumple en el próximo mes de agosto. Apenas a ocho meses estamos de esa fecha. ¿Por qué no esperar ese momento?. La mayoría del pueblo de Venezuela esperó más de 40 años para renovar a una clase política que había dado muestras de obsolescencia. El Gobierno Nacional está dispuesto a considerar cualquier consulta electoral, siempre y cuando se inscriba en el texto constitucional. Y no aceptaremos. Dígalo quien lo diga. En cualquier lugar que quiera decirlo, formulas electorales que contradigan nuestra Carta Magna. Porque estamos dispuestos a dar la vida por la Constitución de la República, y sólo el pueblo será quien determine el rumbo de su Nación. Aspiramos que se encuentren fórmulas de entendimiento nacional en la Mesa de Diálogo. b) La Facultad y la obligación de los Poderes Públicos del Estado
venezolano de garantizar el control de la Constitucionalidad. La
Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, es
producto de una asamblea constituyente originaria o del poder
constituyente cuyo depositario es el pueblo soberano. Desde esta
perspectiva es dado preguntarnos qué facultades tiene el poder
constituido, la Asamblea Nacional, o el propio pueblo para introducir
modificaciones a un texto que ha surgido del poder constituyente.
Tomando en cuenta además que la Carta Magna establece los órganos
y mecanismos responsables de vigilar el apego
al texto constitucional que deben tener todas las actuaciones de
los poderes públicos y de la ciudadanía en general. Facultad que se
denomina control de la constitucionalidad. La
Constitución Nacional venezolana en sus artículos 340 al 346, capítulos
I y II del Titulo IX, regula la materia que tiene que ver con la Reforma
de la Constitución, distinguiendo entre Enmienda y Reforma. En los artículos
que define lo que es Enmienda (art. 340) y lo qué es Reforma (art. 342)
establece limites al poder constituido cuando estipula que no se
podrá “alterar su estructura fundamental” o “modificar la
estructura y principios fundamentales del texto constitucional”. Debe
considerarse también otro elemento, el artículo 346 que se refiere a la
Promulgación de la Enmienda o de la Reforma por parte del Presidente de
la republica, una vez ratificada la reforma mediante el referéndum
aprobatorio correspondiente, “dentro de los diez días siguientes a su
aprobación”. Y agrega: “si no lo hiciere, se aplicara lo previsto en
esta Constitución”. Esto significa que “lo previsto” puede
comprender tanto la solicitud que haga
de pronunciamiento de inconstitucionalidad de todo o parte
de la enmienda o reforma, ante la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia (articulo 214), dentro del lapso de diez días, como
el que una vez transcurrido éste lapso el Presidente no Promulgue la
Reforma y deba hacerlo la propia Asamblea Nacional en forma que se
prevé en el artículo 216 de la Constitución Nacional. Dentro
de los mecanismos para asegurar y garantizar la vigencia de la Constitución
(Titulo VIII, Capítulo 1) el artículo 334, in fine, establece la
jurisdicción constitucional con competencia exclusiva, en la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, “para declarar la
nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el poder público
dictados en ejecución directa e inmediata de esta constitución”. El
artículo 335 establece que esa instancia “garantizará la supremacía y
efectividad de las normas y principios constitucionales..y velará por su
uniforme interpretación y aplicación”.
Es
de resaltar que el órgano competente (Asamblea Nacional o Presidente de
la República), o el grupo de electoras o electores, que asuma una
enmienda o reforma constitucional no
se convierte en titular o sujeto del poder constituyente y tiene
facultades limitadas por la propia identidad y continuidad de la
Constitución como un todo. Si mediante la enmienda o la reforma se
infringe las normas que integran el texto de la ley suprema vigente, o sus
contenidos básicos, es sin duda un acto inconstitucional y puede así
declararlo la sala correspondiente del Tribunal Supremo de Justicia: la
Sala Constitucional. También
debemos hacer referencia al artículo 24 (Disposiciones Generales del
capitulo I del Titulo III. De los Derechos Humanos y Garantías y de los
Deberes) que contiene el principio según el cual “Ninguna disposición
legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto imponga menor pena”, lo
cual forma parte de lo que en Doctrina se conoce como Bases Fundamentales
de la Constitución. Salida
Constitucional: Referéndum Consultivo o Referéndum Revocatorio. El
espíritu del constituyente originario estableció, en el marco de la
democracia participativa, mecanismos
y procedimientos para ampliar y profundizar la participación de los
ciudadanos en todos los asuntos vinculados
a la vida de la nación y a su destino como pueblo. En
ese orden, la Constitución nacional venezolana prevé 4 tipos de referéndum:
consultivo, aprobatorio, revocatorio y abrogatorio. De manera muy breve
podemos señalar que el referendo aprobotario, tiene como objeto someter a
consideración de los ciudadanos los
proyecto de ley en discusión por la Asamblea Nacional, con base a los
procedimientos establecidos en el propio texto constitucional, como por
ejemplo los acuerdos internacionales que pudieran comprometer la soberanía
nacional o transferir competencias a los órganos supranacionales. Art.
73. En cuanto el referendo
abrogatorio, le confiere a los
ciudadanos la facultad de abolir leyes o decretos con fuerza de ley de
acuerdo a los procedimientos constitucionales. Art. 74. Referendo
Consultivo, artículo 71. “Las materias de
especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo
consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la republica en
Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional aprobado por el
voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número
no menor de diez % de los electores y electoras inscritos en el Registro
Civil y Electoral” Referendo
Revocatorio, artículo 72. “Todos los cargos y magistratura
de elección popular son revocables. Transcurrida
la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o
funcionaria, un número no menor del 20% de los electoras o
electores inscritos en la correspondiente circunscripción podrá
solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. Cuando
igual o mayor número de electoras y electores que eligieron al
funcionario hubieren votado a favor de la revocación, siempre que haya
concurrido al referendo un número de electores o electoras igual o
superior al 25 % de los electores o electoras inscritos o inscritas, se
considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la
falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en la
ley”. Mesa
de Dialogo, Negociación y Acuerdo. La
oposición política venezolana introdujo ante el Consejo Nacional
Electoral una solicitud de Referéndum Consultivo para consultar
a los ciudadanos “sí creen que el Presidente de la Republica
debe Renunciar”. El
Gobierno Nacional mantiene como premisa la defensa del Control de la
Constitucionalidad. Esto significa que cualquier salida a la
actual crisis debe estar apegada a la Ley Suprema. Por esa razón, el
Gobierno y las fuerzas políticas del cambio que respaldan al Gobierno
sostienen que el referendo revocatorio es el único dispositivo
constitucional aplicable. El
referendo consultivo, tal y como quiere utilizarlo la oposición es
inconstitucional; políticamente “estéril”dado que no es vinculante;
jurídicamente ilegal con él
se busca obligar a una persona
a adoptar una decisión en contra de su voluntad. Además de ello, generaría
ingobernabilidad y caos porque
mediante el consultivo, con apenas el 10% se multiplicarían las
solicitudes de consultivos para revocar mandatos porque las exigencias
para su celebración son menores, en cuanto al numero de electores
solicitantes. |