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 Washington, 21 de mayo de 2001

Señor Presidente,

         Permítasenos proclamar la dignidad de este debate. Celebrar que hoy realizamos uno de los más relevantes que se hayan producido en la OEA, incluso, desde sus tiempos fundacionales. Demos gracias al Gobierno y a la Delegación del Perú, y de manera particular al Embajador Manuel Rodríguez Cuadros, por haber contribuido a promover esta demostración de madurez democrática. Reconozcamos también, el aporte que han brindado países como, Costa Rica – anfitrión de la próxima Asamblea General – Argentina, Estados Unidos y Canadá, al copatrocinar el proyecto de Carta que consideramos. Felicitemos, igualmente, al Gobierno de México y a su Representante, Embajador Miguel Ruíz-Cabañas, y al Canciller del Uruguay Didier Opertti Badan, por presentar textos alternos y/o reflexiones para el debate.

Señor Presidente,

A nuestro oídos suena agradable el nombre propuesto por el Representante de Panamá, Embajador Juan Manuel Castulovich, quien propone llamar al significativo instrumento que consideramos; “Carta Democrática de Las Américas”, aunque no haríamos ningún reparo si el consenso condujera a denominarlo Carta Democrática Interamericana.

S
ólo el título de este importante documento destaca la trascendental naturaleza de su contenido.

Nuestra Delegación. La que en este recinto representamos en nombre del pueblo y Gobierno de Venezuela, que preside Hugo Chávez Frías, se suma complacida al fascinante ejercicio de reflexión creadora que compromete, cuyas resonancias – estamos seguros- marcarán un hito en la historia de la Región.

Tiempo estelar el que vivimos. Un florecimiento democrático observamos en un mundo que, con el fin de la Guerra Fría, ha abiertos espléndidas posibilidades para avanzar en la conquistas de nuevos y más amplios espacios para la libertad y la dignidad humanas. Pero, también, tiempos dramáticos cuando observamos el advenimiento de nuevos conflictos de índole política, étnica, cultural y religiosa, que socavan las bases de la paz y la convivencia internacional. Tiempos desafortunados, donde la pobreza sigue siendo una lacerante circunstancia que afecta a millones de seres humanos.

El tema central de este debate es la palabra Democracia.

Nos estamos ocupando, precisamente, de evaluar cómo funciona en las Américas, poniendo en alto relieve sus incuestionables logros y, también, las inocultables falencias de la realidad donde ella discurre.

 Por allí deberíamos empezar.

Busquemos todos,  al unísono, formas innovadoras para que la realidad se aproxime al ideario democrático, cuyos principios fundamentales están contenidos en la Carta de la OEA: Desde la primera, aprobada en mayo de 1948, la Democracia ha tenido en el hemisferio un apellido: Representativa.

Cuando se revisan las Actas que reflejan el debate que realizaran aquellos diplomáticos precursores, se constata que entonces se produjo un consenso, que fue explícitamente definido como provisional, sobre el concepto  Democracia Representativa. 

La Novena Conferencia Internacional realizada en Bogotá, en cuyo marco se aprueba la Carta de la OEA, se celebra entre el 30 de marzo y el 2 de mayo de 1948. Más de un mes de fecundos debates precedieron la aprobación de ese instrumento-doctrina de las Américas.

El Representante de Panamá, Ricardo J. Alfaro, pronunció en la sesión del jueves 22 de abril de 1948, que se celebró en el Salón Central del Capitolio Nacional, entre las 15: 20 y 19:00 horas, una frase impactante: “ La República de Panamá, -dijo- cuyo pueblo es inquebrantablemente democrático, cree que la democracia debe ser defendida sin salir de la democracia”.[1] 

La discusión general se centró en el anteproyecto de los primeros capítulos del llamado Pacto Constitutivo de la OEA. El representante de Perú, Víctor Andrés Belaunde, abrió el debate, a instancias del Presidente de la Subcomisión A, el chileno Ernesto Barros Jarpa.

El debate se orientó a considerar los principios que debía contener la Carta de la OEA  El representante de México, Francisco A. Ursúa, dijo que “…aunque no era costumbre incluir en Tratados Internacionales enumeración de principios, se podía aceptar que en este caso se hiciera tal enumeración, en vista del carácter particular del pacto que se estaba elaborando”.[2]

Interesante resulta leer las Actas de esas reuniones,  que precedieron la   aprobación de la Carta de la OEA. Ellas retratan el ambiente político-ideológico predominante en los comienzos de la Guerra Fría.

Los diplomáticos de aquellos tiempos procedieron a definir los atributos y características de la democracia. Es cuando el representante de Cuba, Ernesto Dihigo, propone que a la palabra democracia se le adicione la palabra “representativa”. Propuesta que es acogida por los miembros de la Subcomisión. Pero hay un asunto que no puede pasar desapercibido y así queda registrado en el Acta:

 “La Subcomisión acordó que esta última palabra sería suprimida, sí posteriormente las delegaciones se ponían de acuerdo sobre una definición adecuada de la democracia”.

Combatir el comunismo era la preocupación principal que embargaba a los  gobernantes del  hemisferio, en los años subsiguientes a la II Guerra Mundial. Las actas que analizamos muestran con inocultable claridad, el ambiente político-ideológico predominante. La Guerra Fría galbanizaba la confrontación política.

En la Comisión de Iniciativa de la Novena Conferencia Internacional, se declara que: “…el comunismo internacional… es un instrumento de agresión al servicio de propósitos imperialistas y constituye una amenaza para sus instituciones libres, democráticas y republicanas, para su propia independencia y soberanía”.

Contra el comunismo los gobernantes del hemisferio oponen ideologías nutridas del liberalismo político. Contra las “democracias populares”, que el leninismo llama dictaduras del proletariado, oponen la “democracia representativa”.

De resultas, la democracia considerada como representativa quedó consagrada en la Carta original de la OEA, aprobada en mayo de 1948. El artículo 5, en su inciso D reza: “La solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines que con ellos se persiguen, requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa”.

En las diferentes reformas que ha sufrido la Carta, en el Protocolo de Buenos Aires, en 1967; en el Protocolo de Cartagena de Indias, de 1985; en el Protocolo de Washington, en 1992 y en el Protocolo de Managua, en 1993, la definición democracia representativa se mantiene inalterada.

Sus principios y valores fundamentales, que acogemos todos los gobiernos de los Estados  representados en esta sala, deberían ser examinados a la luz de las nuevas realidades de nuestro tiempo: la guerra fría ha desaparecido; la democracia, como sistema de gobierno, se expande en todos los continentes; anacrónicos totalitarismos están en el basurero de la historia; oprobiosas dictaduras en plan de retirada; renacimiento y expansión de las libertades democráticas; vigencia de los derechos humanos. Estos son los signos de la nueva era.

Señor Presidente,

A los venezolanos nos ha costado muchos sufrimientos y sacrificios alcanzar la democracia. Nuestra Constitución, fruto de un debate democrático y participativo, aprobada en Referéndum, consagra todos los principios  democráticos más avanzados y humanistas que conoce la civilización de nuestro tiempo.

La democracia, como ideario, ha fraguado los mejores destinos e inspirado las luchas de pueblos que buscan la paz, la justicia, la igualdad y la libertad e nuestro continente. La democracia como utopía ha iluminado esperanzas redentoras. La lucha por defenderla y perfeccionarla; la voluntad por ejercerla plenamente, es un fascinante reto para quienes nos proponemos convertirla en  realidad. Gran desafío que convoca la imaginación creadora. Y es que, en palabras de Blake (Segundo Libro Profético): “La imaginación es la propia existencia humana”.

Desde 1948, es largo el trazo de la historia donde la gobernabilidad ha sido puesta a prueba: autoritarismos indeseables y democracias esperanzadoras; libertades amputadas y conquistas libertarias. Vivimos momentos para la reflexión, para examinar logros y carencias.

La democracia en nuestro hemisferio encara serias amenazas que, como lo afirma la Declaración de Quebec, “asumen variadas formas”. Para que sea cierta la democracia tiene que basarse en la representación, la participación y el protagonismo de todos los sectores, y no sólo de reducidas élites que concentran – no pocas veces en forma grosera y perversa – el poder político y económico.

Nuestra Constitución, la bolivariana, establece que con el fin supremo de refundar la República, Venezuela se propone “… establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley…”.

La democracia directa está consagrada en el Artículo Quinto (5) de nuestra Constitución. Allí se expresa que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo quien la ejerce directamente en la forma prevista en el texto constitucional e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el Poder Público.

El Artículo Sesenta y Dos (62) garantiza la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública, como medio necesario para lograr su protagonismo, tanto individual como colectivo.

El Constituyente quiso concretar la forma como el pueblo ejerce la soberanía, en lo político, para elegir los cargos públicos: el referéndo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativas –constitucional y constituyente-, el cabildo abierto, la asamblea de ciudadanos. Y en lo social y económico se mencionan: las instancias de atención ciudadana,la autogestión,  la cogestión, la empresa comunitaria y otras formas asociativas.

En lo que se refiere a la democracia local se destaca la participación de las comunidades, asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamenrtales, en la formulación de propuestas de inversión ante las autoridades estadales o municipales.

Otras formas de participación pautadas  son la iniciativa ciudadana para la enmienda 341 Constitucional; la iniciativa ciudadana para la reforma constitucional 342 constitucional; y la iniciativa ciudadana para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente 348 constitucional.

Nuestra Carta Magna consolida y fortalece la vigencia de los partidos, pero da primacía a los mecanismos de participación de los ciudadanos cuya fuente de legitimidad es la soberanía popular. Se consolidan las estructuras de intermediación pero sin confiscar la titularidad de la soberanía.

Venezuela, por lo tanto, plantea la necesidad de incluir el concepto de Democracia Participativa en la Carta Democrática. Este es, además,  un mandato ineludible de la Asamblea General de la OEA, contenido en la Resolución AG/ RES. 1684 (1999), adoptada en el XXIX Periodo de Sesiones, celebrado en Guatemala.

Señor Presidente

En la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, hizo observaciones muy puntuales al lenguaje utilizado en la parte relativa a la democracia, ya que no se incluyó en la Declaración de Quebec el concepto de democracia participativa. Conviene, ante todo, recordar, que este concepto fue formulado por Venezuela en la Asamblea General de la OEA realizada en Guatemala en 1999.

 En primer lugar, no se trata de un concepto opuesto al de democracia representativa, ni una alternativa a la misma. Es importante tener esto presente a la luz del enfrentamiento durante la Guerra Fría –ya comentada-  entre los conceptos de democracia representativa y “democracia popular”. Por el contrario, la democracia participativa presupone y coexiste con la democracia representativa, ya que democracia representativa no es otra cosa que el ejercicio del poder por el pueblo a través de representantes libremente elegidos. La libre escogencia de esos representantes es una forma esencial de participación.

Para que exista democracia no basta  que quienes ejercen el poder sean elegidos libremente.  Un sistema de gobierno donde los gobernantes no respondan ante quienes los eligieron, no puede denominarse democracia.

 No son pocos los ejemplos de regímenes que, aun cuando han nacido de elecciones, sus gobernantes marginan y oprimen a su población, y los recursos del poder son monopolizados por élites. No puede haber democracia sin respeto a los derechos humanos. El  hecho de haber sido electas no confiere a las autoridades el derecho de ejercer el poder sin límites.

 

Señor Presidente.

 Si queremos garantizar la efectividad de la Carta Democrática debemos asegurarnos que de ella, desde el punto de vista jurídico, esté en armonía con los Tratados vigentes y especialmente con la Carta de la OEA, ya que un Tratado no podría ser modificado por una Resolución o Declaración. Tal vez, a este fin, sea recomendable realizar un estudio por los órganos técnico-jurídicos  de la Organización.

El Artículo Nueve (9) de la Carta de la OEA se refiere al derrocamiento por la fuerza de un gobierno democráticamente constituido. En el proyecto de Carta Democrática se incorporan aspectos de la Resolución 1080 y del Protocolo de Washington.  Debe utilizarse en dicho proyecto, por lo tanto, una terminología similar a la Carta de la OEA, para no correr el riesgo de contravenir disposiciones contenidas en ella.

Debe quedar claro que la facultad de suspensión  sólo podrá ser ejercida cuando hayan sido infructuosas las gestiones diplomáticas que emprenda la Organización.

También observamos que si bien se prevé  la exclusión de un Estado que se haya apartado de la vida democrática, no se contempla, en cambio, su incorporación una vez que hayan cesado las causas que hubieren determinado la suspensión. Por eso es conveniente la disposición contenida en el proyecto de Carta Democrática, presentado por México, en el cual se establece que para levantar la suspensión se requeriría el voto afirmativo de la mayoría simple de los Estados Miembros.

Señor Presidente,

Queremos hacer notar que la frase “cualquiera alteración inconstitucional”, que aparece consignada en la Declaración de Quebec, y que se repite en el proyecto de Carta Democrática, difiere de la terminología utilizada, tanto en el Protocolo de Washington, como en la Resolución 1080.

Debe evitarse  el uso de conceptos ambiguos o vagos en la Carta Democrática, que den pie, en el futuro, a confusiones o discusiones innecesarias que puedan paralizar la acción de la OEA.

 El Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, por ejemplo,   consideró que el proceso constituyente originario es supraconstitucional y fundamentó la legitimidad democrática, precisamente partiendo de la soberanía popular. Por lo demás: ¿ podría la OEA convertirse en interprete o juez de las Constituciones de los países miembros ?.

Señor Presidente,

La Carta Democrática debe constituir un paso trascendental en el desarrollo de la OEA y bien merece que le asignemos la importancia que  merece. Con fundada razón el Excelentísimo Canciller de Uruguay, doctor Opertti Badan en sus comentarios preliminares sobre  el tema que discutimos expresa: “…cabría plantearse la pregunta de si no hay una cierta precipitación y si una elaboración de esta importancia no merecería un examen más detenido y la intervención de los cuerpos técnicos del sistema, vale decir, Comité Jurídico Interamericano y Sub secretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la OEA”.

Por otra parte, el mandato de la Cumbre contenido en la Declaración de Quebec instruye a los Ministros de Relaciones Exteriores para que  preparen  la Carta Democrática Interamericana en el marco de la próxima Asamblea General. Preparar no significa necesariamente dar la aprobación final a ese instrumento en esa misma Asamblea. El mandato se debe cumplir, dando los pasos adecuados para que se garanticen los altos fines que se persiguen, realizando  un profundo y amplio proceso de consultas a nivel hemisférico.

En ese orden de ideas nos permitimos proponer que la Asamblea General de San José convoque un Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General –ojalá pudiera celebrarse en el Perú, para reconocer la estupenda iniciativa del Gobierno de ese país hermano- con el único propósito de aprobar la Carta Democrática. Esa convocatoria debería hacerse en un breve plazo que, bajo ninguna circunstancia, excediese de seis (6)  meses, ya que todos estamos conscientes de la necesidad de aprobarla.

Nuestra Delegación ha preparado un Proyecto de Resolución en ese sentido, pero antes de presentarlo quisiéramos tener la oportunidad de consultarlo con las demás Delegaciones.

Señor Presidente,

Cuando se discuta el proyecto de Carta Democrática, artículo por artículo, nuestra Delegación hará los aportes puntuales que considere necesario.


[1] Fuente: Novena Conferencia Internacional. Minuta de la Primera Sesión de la Subcomisión “ A”. (Documento publicado con la clasificación CB-365/C.I.Sub A-5)

[2] Idem.