“La OEA y el Grupo de Río, en el camino hacia la paz”
Embajador Jorge Valero
Viceministro para América del Norte y Asuntos Multilaterales
(Conferencia dictada en el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos “Pedro Gual”)
Caracas, 28 de marzo de 2008
Me propongo disertar en esta Conferencia sobre la significación que tienen para los países del continente, los históricos resultados de la Vigésima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río, realizada el 7 de marzo de 2008, en Santo Domingo; y de la Vigésima Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada el pasado 17 de marzo en la sede de la OEA, en Washington DC.
I
Antecedentes
Ante la violación de la soberanía e integridad territorial del Ecuador, el gobierno de este país solicitó la convocatoria de una Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, que se realizó el martes 4 de marzo de 2008.
Este cuerpo reafirmó, con base en el artículo 21 de la Carta de la OEA, que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar, ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, cualquiera que fuere el motivo, aun de manera temporal.
Afirmó, por lo tanto, que la incursión de la fuerza armada y policial de Colombia en el territorio de Ecuador, constituyó una violación de la soberanía y de la integridad territorial de ese país.
El Consejo Permanente de la OEA decidió convocar una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, para el lunes 17 de marzo de 2008, en la sede de la OEA. Decidió, asimismo, constituir una Comisión encabezada por el Secretario General para que visitara ambos países y elevara un informe a esa Reunión.
La Resolución 930 aprobada por el Consejo Permanente de la OEA, dejó constancia de la violación a la soberanía e integridad territorial de un país hermano.
El Consejo Permanente de la OEA se convirtió en escenario para un fructífero debate, que sirvió de referencia para la Cumbre del Grupo de Río y la posterior Reunión de Cancilleres del hemisferio.
II
La Cumbre del Grupo de Río
En el ínterin, los Jefes de Estado y de Gobierno se dieron cita en la Vigésima Cumbre del Grupo de Río. Aunque la reunión tenía como propósito aprobar una Declaración, que se venía negociando meses atrás, en la cual se establecen compromisos para promover la cooperación energética y la cooperación en la lucha contra los desastres naturales y antrópicos, los Jefes de Estado no podían pasar por alto el grave incidente que se había presentado en Ecuador.
La reunión del Grupo de Río dio prioridad al debate sobre este tema. Fue así como los Jefes de Estado aprobaron una Declaración, en la cual expresaron su preocupación por la incursión de fuerzas militares y efectivos de Colombia en territorio del Ecuador.
Los Jefes de Estado rechazaron la violación de la integridad territorial de un Estado soberano y reafirmaron “el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera fuera el motivo, aún de manera temporal”.
El Presidente Álvaro Uribe reconoció en la Cumbre de Río, que su gobierno había incurrido en una la violación a la soberanía de Ecuador. En acto de valentía pidió disculpas al Gobierno y al pueblo ecuatoriano por lo ocurrido, y se comprometió a que -bajo ninguna circunstancia- se repetirían hechos de esta naturaleza, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 19 y 21 de la Carta de la OEA.
Los líderes de América Latina y el Caribe recordaron el artículo 19 de la Carta de la OEA, según el cual ''Ningún Estado o Grupo de Estados tiene el derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos, y culturales que lo constituyen.”
En la reunión del Grupo de Río, los Jefes de Estado abogaron por la solución pacífica de las controversias entre países hermanos, e hicieron un llamado a preservar la paz y a buscar soluciones amistosas a los conflictos de la región.
En el marco del intenso debate realizado durante la Cumbre del Grupo de Río, el Presidente Hugo Chávez abrió las alamedas del diálogo y el entendimiento. Su papel ha sido reconocido por otros Jefes de Estado de América Latina y el Caribe, que han valorado su aporte a la paz continental.
Y es que el Gobierno Bolivariano quiere contribuir al diálogo político entre países que forman parte de una misma comunidad de naciones soberanas; países que pese a las diferencias que puedan existir entre ellos, están obligados a abrir espacios para forjar acuerdos.
Es necesario reproducir ad infinitum la dinámica de la paz y activar mecanismos regionales para coadyuvar en la búsqueda de soluciones a los dramas que viven países hermanos.
III
Reunión de Consulta de
Ministros de Relaciones Exteriores
La Reunión de Cancilleres de la OEA acogió positivamente la Declaración del Grupo de Río sobre el impasse entre Ecuador y Colombia, y ofreció su contribución para lograr el acercamiento entre estos países, con base en los principios del derecho internacional.
La Reunión de Cancilleres rechazó la incursión de fuerzas militares y efectivos de la policía de Colombia en territorio del Ecuador, al considerarla una clara violación de los artículos 19 y 21 de la Carta de la OEA. En ese marco, reiteró la plena vigencia del principio de soberanía territorial, como un principio vital para la convivencia entre las naciones americanas.
La resolución, emanada de la Reunión de Cancilleres de la OEA, ratificó el acuerdo alcanzado por los países latinoamericanos y caribeños en la XX Cumbre del Grupo de Río, y evidenció que alternativas diplomáticas, sin interferencias de potencias imperiales, pueden funcionar en el hemisferio.
IV
Principios del Derecho Internacional
El principio de la inviolabilidad del territorio de un Estado constituye una piedra angular del derecho americano. De suyo, y según reza el artículo 21 de la Carta de la OEA, “El territorio de un Estado es inviolable; no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aun de manera temporal. No se reconocerán las adquisiciones territoriales o las ventajas especiales que se obtengan por la fuerza o por cualquier otro medio de coacción”.
Este principio es también uno de los pilares fundamentales del orden jurídico internacional y se encuentra, desde sus orígenes, unido al principio de la solución pacífica de las controversias entre Estados.
Ya en abril de 1890, en el marco de la Primera Conferencia Americana, se había adoptado una resolución que condenaba la conquista de territorio mediante la guerra en las Américas. Sostenía que la falta de seguridad en las fronteras nacionales “conduciría fatalmente al ruinoso sistema de la paz armada”.
A partir de entonces, los principios de inviolabilidad territorial y de solución pacífica de las controversias entre los Estados Americanos, están presentes en el derecho americano, como condición sine qua non para preservar la paz entre los Estados.
Cabe destacar, sin embargo, que estos principios han sido vulnerados -de manera recurrente y en diferentes tiempos históricos- por potencias imperiales.
La Convención sobre los Derechos y Deberes de los Estados, adoptada en Montevideo, en 1933, durante la Séptima Conferencia Americana, establece que “Ningún Estado tiene derecho de intervenir en los asuntos internos ni en los externos de otros” (Artículo 8).
Asimismo, se estatuye que “Es interés primordial de los Estados la conservación de la paz. Las divergencias de cualquier clase que entre ellos se susciten deben arreglarse por los medios pacíficos reconocidos”. (Artículo 10)
De la misma manera, se estipula que “... El territorio de los Estados es inviolable y no puede ser objeto de ocupaciones militares ni de otra medidas de fuerzas impuestas por otro Estado, ni directa ni indirectamente, ni por motivo alguno, ni aún de manera temporal”. (Artículo 11)
Estos principios fueron ratificados, en 1948, en la Carta de la OEA. Numerosas convenciones, anteriores y posteriores a esta Carta, han reconocido la obligación de resolver pacíficamente los diferendos entre Estados.
En el ámbito universal, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su artículo 2, establece la obligación de abstenerse a recurrir al uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado.
Estos principios fueron desarrollados en la “Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas” (Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU de 1970).
La Corte Internacional de Justicia de La Haya, con motivo del Caso del Canal de Corfú, en Grecia, declaró: “Es obligación de todo Estado no permitir, con su conocimiento, que su territorio sea utilizado en actos contrarios a los derechos de otros Estados”.
Es importante subrayar que las normas sobre respeto a la soberanía de los países están vigentes y no hay justificación para su quebrantamiento, a la luz del derecho internacional. La intervención en otros países ni siquiera se justifica invocando motivos de seguridad nacional.
Algunos círculos políticos y académicos han argumentado que el incidente ocurrido representó una “persecución en caliente”, en el marco de la legítima defensa.
Queremos afirmar, sin embargo, que el derecho internacional -y la buena marcha en las relaciones entre países vecinos- no permite bajo ninguna circunstancia la incursión de tropas de un determinado país dentro del territorio del vecino, aún cuando sea para perseguir delincuentes, cuando estos cometan delitos y atraviesen la frontera para guarecerse en el territorio vecino.
La llamada “persecución en caliente” representa una violación flagrante del derecho que tiene cada país a la seguridad de sus fronteras y a velar por la soberanía de su territorio.
V
Repercuciones y Enseñanzas
En la Cumbre del Grupo de Río y en la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA se reafirmaron los principios consagrados por el derecho internacional, de respeto a la soberanía, de abstención de la amenaza o el uso de la fuerza y de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados.
Es la primera vez en la historia de la OEA que el Gobierno de Estados Unidos queda sólo en una materia de trascendencia regional. Se impuso la doctrina hemisférica de defensa de la soberanía sobre la “legítima defensa”.
La prepotencia del Gobierno de Estados Unidos quedó en evidencia cuando insertó una reserva a la Resolución aprobada en la Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores. En negociaciones diplomáticas introducir una reserva significa impugnar todo un texto o parte de él.
Asombra que la delegación del Gobierno de Estados Unidos en la OEA se opusiera, precisamente, al artículo cuarto de la Resolución que rechazó la incursión de fuerzas militares y efectivos de la policía de Colombia en territorio del Ecuador.
Esta Delegación sostuvo, insólitamente, que la Resolución en referencia afectaba “el derecho de legítima defensa”. Pretendía que la OEA apoyara la violación de la soberanía y la integridad territorial de un Estado y, de suyo, ignorara sus propios principios fundacionales. En otras palabras, el gobierno de Estados Unidos reivindicó el derecho a invadir países de América Latina y el Caribe utilizando el recurso de la “legítima defensa”.
Mientras treinta y tres países de la OEA, incluyendo a Colombia, respaldaban la Resolución, el Gobierno de Estados Unidos enarbolaba la teoría de la legítima defensa preventiva.
En la Cumbre del Grupo de Río y en la Reunión de Consulta de Cancilleres de la OEA se rechazó la doctrina de la “legítima defensa preventiva”, que se intentó trasladar a nuestra región, y que ha sido utilizada por el Gobierno de los Estados Unidos para justificar sus invasiones a Irak y Afganistán.
Doctrina que Intentó trasladarse a nuestra región para justificar la incursión de fuerzas militares y policiales en territorio ecuatoriano, pretensión que resultó desestimada por la OEA y el Grupo de Río.
Se demostró que el Grupo de Río es un espacio fundamental para la concertación política en favor de la paz y el diálogo entre nuestros países. Este se convirtió en promotor excepcional de una solución política a un conflicto que estaba adquiriendo ribetes peligrosos en la región.
La Cumbre del Grupo de Río reivindicó el espíritu de Contadora, mediante el cual se encontró una solución pacífica y negociada al conflicto armado que se vivía en Centroamérica.
El Gobierno Bolivariano considera que se deben propiciar iniciativas destinadas para buscar una salida pacífica negociada, al conflicto armado que vive nuestra hermana Colombia, desde hace décadas.
En nombre de una supuesta lucha contra el terrorismo no se debe practicar el terrorismo de Estado, ni violar la soberanía de los países, ni transgredir el derecho internacional, en particular, el derecho internacional de los derechos humanos.
El Presidente Chávez se ha convertido en un fundamental articulador de la paz, la reconciliación y el entendimiento entre los pueblos latinoamericanos y caribeños. Ha propuesto buscar soluciones pacíficas a la situación prebélica que existía en la antesala de la reunión del Grupo de Río. Aunque aún peligra la paz en el hemisferio, los voceros de la paz deben prevalecer ante los oficiantes de la violencia y de la muerte.
El Presidente Chávez ha invocado el espíritu de la Cumbre del Grupo de Río, al expresar que: “Venezuela no está dispuesta a permitir que haya conflictos violentos en Suramérica. Esta es una zona de paz, más bien debemos aunar esfuerzos para ir minimizando los conflictos internos que hay en algunos países y amenazas en otros.”
El Gobierno Bolivariano considera que el acuerdo humanitario y la búsqueda negociada de la paz, son opciones necesarias e indispensables. Está demostrado que la opción militar produce ad infinitum la sangre, la violencia y la muerte. Lo que está planteado, más bien, es reproducir ad infinitum la paz.
El conflicto interno colombiano repercute sobre los países limítrofes. La situación presentada en Ecuador es emblemática. Este conflicto tiene una dimensión regional que debe ser encarado en forma multilateral.
El Gobierno Bolivariano ha dado una contribución fundamental para que la OEA responda a los nuevos tiempos. Vivimos no sólo una época de cambio, sino un cambio de época. Epoca en la cual “hace aguas” tanto el modelo neoliberal, como el Consenso de Washington: recetas ideológicas al servicio del gran capital transnacional.
La OEA ha respaldado invasiones a países soberanos. Ha legitimado oprobiosas dictaduras militares, gobiernos autoritarios, represivos e impopulares que predominaron en el continente.
La OEA llegó a ser bautizada como el “Ministerio de Colonias de los Estados Unidos”. Avaló el derrocamiento del Presidente Arbenz en Guatemala, en 1954; expulsó a Cuba de la Organización, en 1962; e hizo mutis durante la invasión a Panamá, en 1989.
La Revolución Bolivariana es hoy un referente fundamental de los cambios que tienen lugar en el panorama político y social de la región. La OEA empieza a reflejar los cambios en la arquitectura política que se están experimentando en el continente.
Hoy se expanden en nuestra región opciones socialistas, revolucionarias, transformadoras y populares, que rechazan el neoliberalismo y abogan por sociedades democráticas, fundadas en la justicia social, la igualdad, la libertad y la solidaridad. Venezuela es un vivo ejemplo de esos cambios.
Se ha demostrado que cuando se dialoga en el marco de nuestros propios foros, sin interferencias de potencias imperiales, se pueden encontrar soluciones a nuestros asuntos, con una visión regional.
La batalla político-ideológica en la OEA está siendo ganada por las corrientes progresistas del continente, aunque el debate aún está en pleno desarrollo.