Intervención del Embajador Jorge Valero
Viceministro para América del Norte y Asuntos Multilaterales
TEMA: DEFENSA DE LA UNIDAD E INTEGRIDAD TERRITORIAL DE BOLIVIA
(Sesión Extraordinario del Consejo Permanente de la OEA.
Washington DC, 26 de abril de 2008)
I
Una grave amenaza se cierne sobre la unidad e integridad territorial de la República de Bolivia. La minoritaria oligarquía boliviana, con el apoyo del imperio, propicia un plan separatista en esa nación hermana, con el obsceno propósito de apoderarse de las riquezas de gas y de petróleo de Bolivia.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denuncia los planes desestabilizadores que están en marcha en contra del Gobierno del Presidente Evo Morales Ayma, orientados a frenar el proceso de transformaciones y cambios a favor de las mayorías populares que se están desarrollando en Bolivia.
Está en curso un intento de golpe de Estado. Un intento grotesco por desalojar del Gobierno al Presidente Evo Morales, quien ha demostrado un profundo compromiso democrático y una identidad con los sectores populares, como los indígenas y otras expresiones del arco social popular, secularmente excluidos de los beneficios del desarrollo.
Se busca la desintegración y la destrucción del país. Los divisionistas bolivianos desobedecen la Constitución y las leyes, subvierten el orden jurídico vigente, con el afán de privilegiar egoístas y minoritarios intereses políticos y económicos.
Con el pretexto de alcanzar reivindicaciones autonomistas, intentan destruir la institucionalidad democrática de ese país.
Venezuela repudia las acciones divisionistas y desestabilizadoras que se están adelantando en contra las instituciones democráticas de Bolivia. Debemos evitar que prosperen esas acciones separatistas.
Los sectores oligárquicos bolivianos, que impulsan el ilegal referéndum del 4 de mayo, ostentan una mentalidad racista y elitista. No pocas veces han tildado al Presidente Evo Morales de “animal” e “indio”.
Es deplorable que un pequeño grupo de terratenientes y oligarcas apátridas, que han confundido a sectores provinciales, pretendan retornar al poder por todos los medios, inclusive, recurriendo a la división del país. Nuestro país condena la intolerancia política de esta minoría fascista.
Los intentos de secesión no persiguen la reivindicación de la identidad étnica, social y cultural del pueblo boliviano; por el contrario, representan un nuevo intento de la élite dominante de controlar la economía y los recursos naturales del Departamento de Santa Cruz. Y han declarado –para beneplácito de sus amos foráneos- que establecerán dóciles relaciones con empresas trasnacionales del gas y del petróleo.
El regionalismo mal entendido y peor practicado por la oligarquía cruceña, que cuenta con el beneplácito de los intereses del capital financiero internacional y de las transnacionales energéticas, pretende erosionar el poder central del Estado y transferir facultades constitucionales que le son propias e intransferibles, a instancias de poder local que pueden ser más fáciles de controlar y sobornar.
La verdadera autonomía debe ser entendida como una herramienta para superar la marginación socio-cultural y socio-económica en que se encuentran amplios sectores bolivianos, y no como una vía para satisfacer apetitos imperialistas y corporativos.
II
Las acciones secesionistas están al margen de la ley, constituyen una alteración del orden público y representan un llamado a la desobediencia ilegítima. Representan delitos de sedición.
El referéndum del 4 de mayo de 2008 es ilegal y quebranta las leyes de Bolivia. Viola la Carta Magna, el Código Electoral, la Ley de Referéndum y la Ley interpretativa del Referéndum. Así lo ha declarado reiteradamente la Corte Nacional Electoral de Bolivia.
Según las leyes de Bolivia, corresponde al Congreso convocar los procesos comiciales y refrendarios. Esta convocatoria, por lo tanto, trasgrede el artículo 12 de la Ley No. 2769, según la cual la Corte Nacional Electoral es la única autoridad competente para organizar y ejecutar los referéndum a nivel Nacional, Departamental y Municipal.
III
La oligarquía cruceña, organizada en un supuesto “Comité Cívico”, ha declarado con desfachatez que usurpará facultades que corresponden al Estado Nacional y devorará los recursos naturales del suelo y del subsuelo de la región de Santa Cruz.
Esta es una agresión a la unidad del Estado Boliviano. Una bochornosa iniciativa crematística que debe ser rechazada por los pueblos y los gobiernos democráticos del continente.
IV
El fraudulento Estatuto Autonómico plantea un auto-reconocimiento del Departamento de Santa Cruz como entidad autónoma, mediante el desarrollo exhaustivo de una serie de normas y principios que persiguen el establecimiento de una entidad dentro del estado boliviano, cuasi-independiente del Poder Nacional. Atenta, en forma flagrante, contra el principio del derecho internacional que pauta el respeto irrestricto a la unidad e integridad territorial de las naciones.
El proyecto de Estatuto establece, en su artículo 9, el llamado “principio de subsidiariedad”. Este prevé la posibilidad de que la administración regional asuma, por iniciativa propia, las competencias que le corresponden al Poder Nacional, con el argumento de que éste no las ha asumido y su ejercicio, por parte de las “autoridades departamentales” sería más eficiente.
Propone también, en los artículos 6 y 10, la aplicación preferente de la normativa departamental frente a la normativa nacional, la cual tiene carácter supletorio.
Y plantea, en la Disposición Final Sexta, lo que no es menos grave, esta “perla jurídica”:
La posibilidad legítima de desconocer y no someterse a las decisiones del máximo tribunal boliviano, cuando ejerza funciones de control constitucional para la resolución de conflictos de competencia entre las autoridades nacionales y departamentales, en el caso de que las autoridades cruceñas asuman, según su criterio, que existe una violación del principio de la independencia de poderes o del principio de especialidad e idoneidad de las actuaciones del poder judicial.
El Estatuto de marras pretende conferir al Departamento de Santa Cruz facultades en materias estratégicas y esenciales que son competencia del Estado Nacional.
Así, por ejemplo, consagra el derecho de asilo. Óigase bien, el derecho de asilo, cuando el asilo es una figura cuyo régimen jurídico corresponde al derecho internacional público, que sólo puede ser otorgado por un sujeto de derecho internacional, como lo es el Estado Nacional.
El ilegal Estatuto también establece la posibilidad de regular, por Ley Departamental, los derechos políticos de los extranjeros en la entidad departamental, cuando ésta es también una competencia exclusiva del Poder Nacional.
Y el ilegal Estatuto atribuye -a instancias departamentales- competencias en áreas estratégicas exclusivas del Estado Nacional, como son: las políticas energéticas y fuentes de energía; el régimen de tierras; agricultura y ganadería; suelos forestales y bosques; medio ambiente y diversidad biológica; régimen de aguas; autorizaciones y licencias para la prestación de servicios públicos.
Pertinente es señalar la existencia de otros extravíos políticos y jurídicos en el ilegal Estatuto: la auto-atribución de competencias en materia de régimen electoral; régimen para la administración de justicia; Ministerio Público y Defensoría del Pueblo. Igualmente, la organización de los servicios de seguridad ciudadana y la pretendida potestad para suscribir acuerdos y convenios internacionales.
Todo esto configura, de hecho, la creación de un nuevo Estado. Un Estado paralelo al Estado Nacional Boliviano. Y esto no puede ser tolerado por la OEA que, en su Carta fundacional, solo reconoce a aquellos Estados del continente que tienen estatuto jurídico de tales.
V
El intento de diluir el Estado Boliviano, mediante un referéndum ilegal, constituye un peligroso precedente no solo para la unidad y la integridad de Bolivia, sino también para la de otros países de nuestra región.
En la reciente Cumbre Extraordinaria del ALBA el Presidente de Venezuela Hugo Chávez expresó que “el imperio está golpeando el corazón de Suramérica cuando ataca a Bolivia y amenaza el equilibrio energético de la región”. Y agregó que “Si desestabilizan a Bolivia van impactar a toda Suramérica y van a destrozar el frágil equilibrio energético que gracias a Bolivia se mantiene en el Cono Sur”.
En ese contexto, agregó nuestro Presidente, Venezuela no podría sostener los suministros extraordinarios de energía que se requerirían, y el precio del petróleo y el gas se podrían disparar a nivel internacional.
VI
Los países que integran la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) jamás reconocerán, según Declaración aprobada en Caracas el pasado 22 de abril de 2008, “ninguna figura jurídica que pretenda desprenderse del Estado Nacional Boliviano y vulnere la integridad territorial de Bolivia”.
Nuestro Gobierno hace un llamado urgente a la Comunidad Internacional, en particular a los gobiernos de América Latina y el Caribe, a no quedarse cruzados de brazos y coadyuvar a la paz y la integridad territorial de un hermano país de nuestro continente.
Venezuela hace un llamado al diálogo político constructivo. En ese marco, subraya que las legítimas aspiraciones por mayores niveles de autonomía, dentro del orden nacional, deben estar libres de cualquier elemento extraño a los legítimos intereses de todos los bolivianos y de la unidad e integridad territorial de ese hermano país.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reitera su apoyo pleno e irrestricto al Gobierno de Bolivia.
Esta es una buena oportunidad para citar sabias palabras del Presidente Evo Morales:
“Por encima de cualquier reivindicación regional primero es la unidad del país. Hago un llamado al pueblo y a las fuerzas armadas a defender la unidad”.