INTERVENCIÓN DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR JOSÉ MIGUEL INSULZA,
SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA)
EN EL ACTO DE APERTURA DEL ENCUENTRO CONTINENTAL:
“DIÁLOGO MINISTERIAL SOBRE LA CARTA SOCIAL DE LAS AMÉRICAS”
Excelentísimo señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela; señor Vicepresidente; señores Ministros; señores Parlamentarios; señores Embajadores representantes de los países de América ante la OEA; señores miembros del Cuerpo Diplomático; señor representante de la Comunidad Andina; señoras; señores.
Quisiera señor Presidente comenzar agradeciendo y estoy seguro de representar en esto a los Embajadores acreditados ante la OEA que se encuentran presentes, y otros representantes, por esta invitación tan importante de usted y de su gobierno, para iniciar, para organizar este diálogo ministerial sobre la Carta Social de las Américas, y por la hospitalidad por cierto brindada por Venezuela, que siempre, como siempre ha sido excelente y muy grata.
Yo estoy seguro de que las reflexiones de estos días van a constituir un valioso aporte para las deliberaciones que comenzaron el próximo 1 de septiembre en el grupo de trabajo conjunto del Consejo Permanente y la Comisión Ejecutiva del Consejo Interamericano de Desarrollo Integral, para preparar un proyecto de Carta Social de las Américas y un plan de acción.
La Carta Social de las Américas es hoy más que nunca pertinente y oportuna y de fundamental importancia para el hemisferio y para la OEA, como lo acaba de decir el señor Ministro de Educación. Tiene su origen en una propuesta efectuada por Venezuela con posterioridad, como lo recordó el Embajador Valero, a la suscripción de la Carta Democrática Interamericana. Y en realidad el Capítulo Tercero de la Carta Democrática Interamericana describe con mucha claridad la interdependencia entre la democracia y el desarrollo económico y social; como lo escuché decir esta mañana señor Presidente, no es posible la libertad en la miseria; no es posible la libertad en la pobreza. Esta Carta sólo será histórica si permite constituirse, constituir instrumentos eficaces que garanticen la inclusión de millones de personas, cientos de millones, postergadas en las Américas. Su plan de acción debe establecer prioridades que junto con las metas del milenio, creen los parámetros y objetivos de políticas nacionales y permitan la cooperación solidaria para el desarrollo. Es decir, estamos intentando forjar una hoja de ruta del Sistema Interamericano para la superación de la pobreza y la exclusión.
Como lo manifestaron nuestros Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre Extraordinaria de México del 2004, cuando expresaron en la Declaración de Nuevo León la urgencia de que se fortalezcan en la OEA los mecanismos de lucha contra la pobreza. En América Latina y el Caribe viven hoy 222 millones de personas en condiciones de pobreza, lo que equivale al 43% de la población. Eso significa que nuestra región posee la peor distribución del ingreso en el mundo; de tras de esta cifra se esconde la miseria, el analfabetismo, el desempleo, la desnutrición, las malas condiciones sanitarias, la criminalidad, la exclusión; y los efectos más perversos recaen sobre los mal vulnerables, particularmente las mujeres y los niños. 2 de cada 5 niños viven en la pobreza extrema. Se trata de un continente marcado también por los contrastes, donde no sólo extrema pobreza sino también prosperidad, es realidad cotidiana en nuestros países. En muchos de ellos esto significa que el 10% más rico de la población percibe más del 40% del ingreso nacional, mientras el 40% más pobre percibe alrededor del 10% del ingreso nacional.
Esta situación conjuntamente con la desigual distribución de activos: tierra, capital, educación, tecnología, son según estudios de Naciones Unidas, las principales limitantes en el cumplimiento de las metas del milenio.
El ataque frontal a la pobreza es ante todo un imperativo moral, indispensable para avanzar en los ideales, consagrados en la Carta de la OEA de consolidar la democracia y de libertad individual y justicia social.
Es también un imperativo económico porque permitiría elevar demanda y los niveles de consumo necesarios para generar mercados viables y dinámicos. La globalización nos exige elevar el capital humano, el conjunto de la población, de modo de contar con economías verdaderamente competitivas.
Pero existe también el imperativo político. Uno de nuestros principales desafíos es hacer frente a la exacerbada ingobernabilidad en la región, generalmente producto de las insuficiencias institucionales en países que no son capaces a dar respuestas a las altas demandas sociales y expectativas económicas de sus ciudadanos. No es casual que la mayoría de las crisis políticas ocurran en los países más pobres. Como lo indica la Carta Democrática Interamericana, pobreza, analfabetismo, bajos niveles de desarrollo humano, son factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia.
El diagnóstico lo hemos hecho hasta el cansancio. La OEA debe estar en condiciones de fomentar la cooperación para el desarrollo integral y contribuir al diseño de implementación de estrategias de desarrollo destinadas, en breve, a reducir sustantivamente la pobreza.
No es una tarea menor. Si cumpliéramos mínimamente los objetivos del milenio, es decir al año 2015 deberíamos reducir la pobreza en América Latina en más de cien millones de personas. Una cifra imponente. Hacer que cien millones de personas en una década dejen de ser pobres. Pero más imponente todavía y más doloroso es que cumpliendo esa meta todavía más de cien millones seguirán siendo pobres, después del año 2005.
Por eso hay que agilizar el paso y promover políticas públicas eficaces que busquen igualdad de oportunidades y participación de todos los sectores. Seguimos con interés, señor presidente, las experiencias de su gobierno en el desarrollo de las nuevas estructuras institucionales en la región que ha descrito tan bien su Ministro de Educación. También seguimos con interés eventos como la reciente creación del Ministerio de Desarrollo Social en Brasil, en Uruguay y en Panamá y buscamos facilitar intercambios de experiencias entre americanos para analizar los retos institucionales que nos presenta el combate a la pobreza en la región.
Los derechos sociales son inseparables de las libertades políticas y de asociación. El fortalecimiento institucional está íntimamente vinculado a la promoción de la ciudadanía integral mediante la cual el Estado reconoce la accesibilidad a los derechos civiles y políticos así como la obligación de dar cumplimiento progresivo a los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos.
Las estrategias de erradicación de la pobreza son un desafío del Estado y deben abordarse desde una perspectiva estructural y estratégica, dado que son fundamentales para alcanzar la legitimidad de las instituciones de gobierno y la estabilidad democrática.
Las estrategias de esta naturaleza precisan, sobre todo, de la voluntad política al más alto nivel que se traduzca en la asignación de recursos y medios institucionales.
Señor Presidente, yo quisiera terminar esta intervención felicitando a usted y a su gobierno por esta magnífica iniciativa.
El sueño de una América más justa, más democrática, más solidaria, es un imperativo moral desde los tiempos de nuestra independencia.
El pobre en su choza libertad pidió, decía el hermoso himno que hemos escuchado esta noche. Libertad no solamente para expresar su opinión; libertad para comer, libertad para tener un techo, libertad para educar a sus hijos. Esta libertad, después de más de doscientos años, sigue siendo el imperativo moral de nuestras generaciones, de nuestras instituciones, de nuestros gobiernos y espero que a partir de este esfuerzo, se transforme en una tarea permanente, conjunta, que trascienda nuestras diferencias y descanse en los retos comunes que enfrentan nuestros pueblos. Muchas gracias.