INTERVENCION DEL REPRESENTANTE PERMANENTE

DE VENEZUELA ANTE LA OEA, EMBAJADOR JORGE VALERO.

XXXII PERIODO DE SESIONES ORDINARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS

Barbados, 04 de junio de 2002

 



 

 

 

           No existe en estos momentos en Venezuela una situación de conflictividad irresoluble. Por el contrario, diversas acciones emprendidas por el Gobierno Nacional, el Parlamento y el resto de los poderes del Estado, abren el espacio necesario para el diálogo y para que avance el proceso de distensión. La Asamblea Nacional conformó una Comisión Política para investigar los sucesos del 11 al 14 de abril, en la que fueron interpeladas 37 personas durante mas de 300 horas, interpelaciones que fueron transmitidas en vivo por los distintos medios de comunicación nacional. Asimismo, esta Comisión celebró una reunión de trabajo con el Ciudadano Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, por espacio de 10 horas, en donde el Jefe del Estado ofreció valiosa información evidenciándose así, su vocación como demócrata y su disposición de brindar toda la colaboración de su Gobierno para que se clarifique objetivamente lo acontecido en los días mencionados.

            También, como iniciativa unánime de la Asamblea Nacional, está por promulgarse la Ley que da lugar a la creación de la llamada “Comisión de la Verdad”, en la cual se abre espacio para la participación de diversos sectores representativos de la sociedad venezolana.

            Por otra parte, el Ejecutivo Nacional ha constituido la Comisión Presidencial para el Diálogo la cual está conformada por 30 ciudadanos, entre los que se cuentan tres Rectores de Universidades; tres Obispos Católicos; dos Pastores Evangélicos; Representantes Sindicales; Periodistas; tres propietarios de medios de comunicación social. Asimismo, se han designado comisiones de enlace con los Partidos Políticos, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la Federación de Asociaciones Empresariales y Medios de Comunicación. Estas mesas de diálogo están capitalizando, a diario, un creciente apoyo de la ciudadanía interesada en lograr una verdadera reconciliación nacional. Este mecanismo se está conformando, igualmente, a nivel de los Estados (regiones).

            Otro ejemplo de disposición al entendimiento y respeto a los poderes constitucionales fue la acreditación del opositor dirigente sindical Señor Carlos Ortega, como representante de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, para la reunión que celebrará la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, sobre la base del dictamen que emitió la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Debe señalarse que el Ejecutivo no había reconocido al señor Ortega por cuanto el Consejo Nacional Electoral, uno de los poderes establecidos en la Constitución (el Poder Electoral), nunca se pronunció sobre el resultado final de las elecciones sindicales, por cuanto aun incluso no ha recibido mas del 50% de las actas de escrutinio.

            Con relación a cuatro de los oficiales que tomaron parte en el fallido intento de golpe de Estado, éstos están siendo objeto de un antejuicio de mérito, solicitado ante el Tribunal Supremo de Justicia por la Fiscalía General de la República, con la particularidad de que estos oficiales no se encuentran privados de su libertad.

            De hecho, al único ciudadano que se tenía bajo custodia en su residencia particular, y que hoy en día es prófugo de la justicia venezolana, le fue concedido el salvoconducto de rigor en concordancia con la Convención Interamericana sobre Derecho de Asilo de 1954 que rige la materia. Es de recordar que la Convención prohíbe taxativamente al asilado rendir declaraciones públicas; ello con el ánimo de no incomodar las relaciones diplomáticas que pudieran existir entre el Estado asilante y el país de donde proviene el asilado. Sin embargo, el principal violador de las normas que rigen esa Convención ha sido el mismo Carmona.

            La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra como una garantía constitucional el derecho al asilo. (Artículo 69). Este se ha desarrollado y perfeccionado a tono con los avances mas conocidos sobre el particular.

            Es muy importante señalar que todos los poderes del Estado se encuentran en pleno funcionamiento y que después del 11 de abril – día del golpe - no han surgido en Venezuela problemas de orden público, inclusive, la marcha del 1ro. de mayo, de millones de simpatizantes del Gobierno y de la oposición; se cruzaron, sin que se registrara ningún tipo de incidente.

            De igual manera, la situación al interior del país es de completa calma y normalidad, manteniendo el Ejecutivo Nacional un estrecho contacto con los gobernadores, a través del Consejo Federal de Gobierno.

            Los cuatro componentes de nuestra Fuerza Armada Nacional funcionan con absoluta normalidad en todas y cada una de las guarniciones del país. Su apoyo al Jefe del Estado es irrestricto y mantienen su estricto apego a la Constitución y Leyes de la República

            Los medios de comunicación social continúan informando sin ningún tipo de censura. La libertad de prensa en Venezuela está garantizada y sólo basta leer cualquier periódico, escuchar las emisoras de radio o ver los informativos de los diferentes canales de televisión, para corroborarlo.

            En el ámbito internacional, debe decirse que la solidaridad observada en pro del mantenimiento del hilo constitucional ha sido amplia, no solo por los países del hemisferio sino del mundo entero. Gracias a la OEA por el respaldo ofrecido al Gobierno legítimo y democráticamente electo del Presidente Hugo Chávez Frías.

            Ante esta realidad, y como resultado de las iniciativas emprendidas por el Gobierno Nacional, las cuales han sido apoyadas por numerosos sectores representativos del acontecer nacional, es que hoy podríamos decir que la conflictividad política se ha reducido considerablemente. Se avanza hacia la total normalidad. La estabilidad democrática y el orden constitucional están garantizados. No corren ningún riesgo, ni están en peligro; lo cual no niega que persistan aún espíritus antidemocráticos que quieran acabar con la democracia y destruir el orden constitucional.

            Los factores de riesgo se han disipado. La institucionalidad democrática funciona plenamente en Venezuela.

            La mejor ayuda que los países amigos de la OEA pueden prestar en esta hora, es alentar el diálogo que adelanta el Ejecutivo Nacional con los diferentes sectores del país; así como no dar señales equívocas a los factores anti-democráticos, golpistas, mostrar la determinación de respaldar al Gobierno democrático y reiterar su disposición de aplicar la Carta Democrática Interamericana en caso de que se produjera una alteración del orden constitucional.

            Tomando en consideración la voluntad irrevocable del Ciudadano Presidente de la República de fortalecer el diálogo nacional y tomando en consideración que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, reivindicamos el espíritu del constituyente de 1999 que declaró que la Republica Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional, en la doctrina de Simón Bolívar, El Liberador.