(Porlamar, 14 de Marzo de 2006).- El Estado venezolano tiene interés capital en torno al tema de la trata de seres humanos, cuya atención debe necesariamente direccionarse a través de la cooperación internacional y  una muestra de ello, es la realización de este importantísimo evento que permitirá no sólo compartir e intercambiar experiencia, sino enfatizar la perspectiva de género y de Derechos Humanos.
 
Así se iniciaron las palabras de  Lilian Aya, directora de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Justicia y autoridad que integra la comisión venezolana que asiste a la Primera Reunión de Autoridades Nacionales en materia de Trata de Personas que se lleva a cabo en Porlamar.

Aya, destacó en su ponencia que se debe trabajar en la asistencia y protección de las víctimas; analizar las responsabilidades de los Estados y las herramientas que proveen los instrumentos nacionales e internacionales para luchar  contra este delito.
Aclaró la directora de Prevención del Delito del MIJ, que es necesaria la cooperación y acción concertada con miras a desmantelar las redes nacionales, regionales e internacionales de trata de personas por parte del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de la ejecución de acciones concretas en la lucha contra la trata de seres humanos.

Dijo que en los actuales momentos se  trabaja en pro de la consecución  de programas destinados a facilitar la rehabilitación y reinserción social de las víctimas de la trata de personas; y el fortalecimiento de los programas ya iniciados de educación y capacitación y la redefinición y profundización de las políticas encaminadas a prevenir el turismo sexual y la trata de personas en nuestro país.
“El Estado Venezolano ha suscrito y ratificado documentos de vital importancia que manifiestan la voluntad de prevenir y controlar la trata de seres humanos; muestra de ello es que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone que todo acuerdo y/o pacto internacional que garantice los derechos humanos tenga plena vigencia inmediata en el ordenamiento jurídico interno”.

Indicó que el Código Penal vigente, prevé que estarán sujetos a enjuiciamiento en Venezuela y se castigarán de conformidad con la Ley Penal venezolana, aquellos ciudadanos que dentro o fuera del país tomen parte en trata de esclavos y cualquiera que reduzca a esclavitud a alguna persona o la someta a una condición análoga. Asimismo, la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, prevé entre sus objetivos fundamentales la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos (Artículo 4).

“Como parte de las políticas implementadas, a revestido especial importancia, el trabajo interinstitucional, en virtud de que ha fortalecido no sólo la prevención, sino también el control y la sanción de este fenómeno delictivo. En tal sentido, la Cancillería como una forma de estimular la integración de la Sociedad Civil organizada, el Ejecutivo y las Universidades en la prevención de las distintas formas de trata y tráfico de personas que se puedan presentar en el país, propició un Seminario Técnico sobre el Tema de Trata de Personas y Migración Ilegal”, dijo Aya.

Reseñó que los organismos de Seguridad Ciudadana, como órganos especiales en el tema del control de la trata de seres humanos, poseen una importancia incuestionable en el abordaje socio – criminológico del tema, fundamentalmente el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, a través de la División de Investigación y Protección  en materia de Niño, Niña y Adolescente, Mujer y Familia, así como el Grupo de Trabajo Autodirigido (G.T.A).

El Ministerio del Interior y Justicia, como autoridad central en la elaboración, coordinación y ejecución de las medidas preventivas y de cooperación previstas en el artículo 9 del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, ha planificado y ejecutado mecanismos a fin de hacer frente a la trata de seres humanos en el país, orientados a la formación y capacitación, información y difusión, fomento de la denuncia, cooperación interinstitucional, y a coadyuvar en la  investigación y conclusión de casos puntuales.

Lilian Aya señaló que para Venezuela, este delito es un fenómeno novísimo, y en consecuencia, se encuentra en fase de exploración, investigación e identificación de elementos, modalidades y mecanismos del mismo.

Explicó que su despacho  ha capacitando funcionarios de los siguientes organismos: Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Guardia Nacional, Policías Municipales, (Chacao, Baruta, Libertador, Hatillo, Sucre), Policías Regionales (Miranda, Anzoátegui, Escuela Policial de la Región de los Andes), Policía Metropolitana y Dirección de los Servicios de Inteligencia Política (DISIP). Entre otras instancias capacitadas en esta materia se encuentran: Las Secretarias de Seguridad Ciudadana de las Gobernaciones de los Estados mencionados, El Concejo Nacional de Niños y Adolescentes, Defensorías de Niños y Adolescentes y Organizaciones No Gubernamentales en las regiones.

El Ministerio del Interior y Justicia conjuntamente con el Fondo de las Naciones Unidas Para la Infancia (UNICEF) y la Organización para las Migraciones (OIM) trabaja en el diseño de una investigación con un enfoque exploratorio – descriptivo, acerca de la existencia de la Trata de Seres Humanos focalizado en las principales ciudades fronterizas y de alta densidad demográfica en el país.

El estado venezolano a través del Ministerio del Interior y Justicia, Ministerio Público, Defensorías, Consejo Nacional de Protección de Niños, Niñas y el Adolescentes, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, la Organización Internacional para las Migraciones en nuestro país, así como los Consulados respectivos, hemos emprendido acciones a fin de prestar debida atención integral a las víctimas de estos delitos garantizando sus derechos.

Por último, dijo que del total de casos  conocidos durante el año 2005 se atendieron 53 víctimas de distintas nacionalidades, proporcionándole acompañamiento hasta el momento de  retornar a su país de origen,  facilitando los insumos para cubrir sus necesidades básicas, alojamiento, atención psicológica, médica, recreacional, tramitación de la documentación requerida para su retorno y su traslado.