Viceministerio para América Latina y el Caribe
de la Cumbre de Québec a la de Mar del Plata
(Ponente: Embajador Jorge Valero, Representante Permanente en la OEA.
Caracas, 19 al 21 de diciembre de 2005)
Al asumir la representación de nuestro país ante la Organización de los Estados Americanos, el 28 de marzo de 2001, expresamos que este organismo debía registrar los cambios progresistas que se estaban experimentando en el continente y que no podía continuar sometido a la dinámica de la guerra fría.
Expresamos que nuestro país estaba comprometido con los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos, soberanía e igualdad jurídica de los Estados, contenidos en la Carta de la OEA.
Exigimos que la justicia social fuera tomada en cuenta en la agenda de la OEA. Planteamos que la lucha contra la pobreza debía ser uno de los principales desafíos del hemisferio.
Desde la Cumbre de Québec, en abril de 2001, hasta la Cumbre de Mar del Plata, en noviembre de 2005, se ha desarrollado en la OEA –con la participación destacada de Venezuela- un amplio debate sobre la democracia.
Hemos planteado que para que exista una verdadera democracia, deben estar plenamente vigentes los derechos humanos: tanto los civiles y políticos (consagrados en la Carta Democrática Interamericana), como los económicos, sociales y culturales (aún por adoptarse en la Carta Social de las Américas, propuesta por Venezuela).
Hemos planteado también la pertinencia histórica de la democracia participativa, y expresado que para alcanzar una verdadera democracia, es necesario superar la pobreza, la inequidad y la exclusión social que hoy caracterizan el panorama social del continente.
Tercera Cumbre de las Américas -Cumbre de Québec
En la Tercera Cumbre de las Américas, realizada en Québec, Canadá, del 20 al 22 de abril de 2001, los Jefes de Estado y de Gobierno afirmaron que el respeto al sistema democrático es una necesidad fundamental para el continente y dieron un mandato para que en el marco de la OEA se elaborara una Carta Democrática Interamericana, que coadyuvaría a la “defensa activa de la democracia representativa”. Establecieron una fecha para que entrara en vigencia el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), no más allá de diciembre de 2005.
La única voz disidente en esa Cumbre fue la del Presidente Hugo Chávez Frías. Él expresó que la democracia debería ser entendida en su sentido más amplio y no únicamente en su carácter representativo. Solicitó que se reconociera expresamente el carácter participativo de la democracia y mostró sus dudas sobre la naturaleza de la Carta Democrática. Asimismo, impugnó el cronograma acordado para el establecimiento del ALCA.
En la XXXI Asamblea General Ordinaria de la OEA, celebrada en San José de Costa Rica, entre el 3 y el 5 de junio, 2001, se pretendió aprobar una Carta Democrática Interamericana, paradójicamente antidemocrática.
Nuestro Gobierno expresó su desacuerdo con ese proyecto de Carta (versión No. 7) propuesto por Perú, Estados Unidos, Canadá y otros países, que abogaban por una visión reduccionista de la democracia y proponían mecanismos punitivos y excluyentes para “castigar a quienes se apartaran de la senda democrática”.
Venezuela se opuso a tal pretensión y propuso, contando con el apoyo de los países caribeños y otros, que se realizara una Asamblea Extraordinaria de la OEA para considerar -con mayor profundidad- esta materia. Propuesta que fue aprobada por los países miembros. Sonora derrota para el imperio y sus acólitos.
Mientras ardían las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, se aprobaba la Carta Democrática Interamericana en el marco de la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, en Lima, Perú. Esta Carta, aunque inscrita en una visión liberal sobre la democracia, reconoce los derechos civiles y políticos en el ámbito americano.
En esa Asamblea, la Delegación venezolana planteó la conveniencia de contar, también, con una Carta Social de las Américas, que reivindicara los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos.
En ese sentido, debemos señalar que, de acuerdo con nuestra Constitución Bolivariana, la democracia es un sistema fundado en los derechos humanos. Resuelve, sabiamente, la contradicción que aún persiste en el sistema internacional de los derechos humanos, entre derechos políticos y civiles –por un lado- y derechos económicos, sociales y culturales, por el otro. Considera que estos derechos son indivisibles, interdependientes, injerarquizables y universales.
La OEA y el Golpe de Estado en Venezuela (abril de 2002)
El gobierno norteamericano apoyó el golpe de Estado contra el Presidente Hugo Chávez Frías, el 11-12 de abril de 2002. Altos funcionarios del Departamento de Estado llevaron a cabo en Washington un intenso lobby con los Embajadores de los países americanos ante la Casa Blanca y la OEA, en función de lograr el reconocimiento del gobierno golpista de Pedro Carmona Estanga.
El 12 de abril se celebraba una Reunión Presidencial del Grupo de Río, en Costa Rica. En medio de la incertidumbre reinante, los Jefes de Estado, o sus Representantes, aprobaron una Declaración solicitando que el Consejo Permanente de la OEA activara el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.
Sin embargo, Estados Unidos y algunos de sus aliados más próximos, como El Salvador, intentaron que la OEA invocara, más bien, el artículo 17 de dicha Carta para reconocer el gobierno de facto.
Mientras el Consejo Permanente realizaba el debate (12 de abril de 2002) sobre la situación que se había presentado en Venezuela, el pueblo venezolano se movilizaba a lo largo y ancho del país, exigiendo el respeto de la Constitución. En horas de la madrugada del 13 de abril, sería rescatada la institucionalidad democrática y restituido el Presidente Hugo Chávez Frías en el poder. En ese contexto, la OEA aprobaría la propuesta formulada por el Grupo de Río.
Bridgetown, Barbados, fue escenario de la XXXII Asamblea General Ordinaria de la OEA, realizada entre el 2 y el 4 de junio, 2002, donde se aprobó la Resolución, propuesta por la Delegación venezolana, denominada “Pobreza, Equidad e Inclusión Social”. En ella se instó a la OEA para que los temas de la agenda social y de cooperación para el desarrollo, fueran considerados como temas políticos urgentes en el marco del Consejo Permanente. Este fue un paso adelante en la estrategia venezolana de conferir a la agenda social mayor relieve en la OEA.
En la Declaración aprobada durante la XXXIII Asamblea General Ordinaria de la OEA, celebrada en Santiago, Chile, entre el 8 y el 10 de junio, 2003, se reconoció que para fortalecer la gobernabilidad democrática se requiere superar la pobreza y promover el crecimiento económico con equidad. La Delegación venezolana contribuyó a que esa Declaración hiciera explicita la interdependencia entre justicia social y gobernabilidad democrática.
Un evento de fundamental significación para posicionar la agenda social hemisférica en la OEA fue la Reunión de Alto Nivel sobre Pobreza, Equidad e Inclusión Social, celebrada en la Isla de Margarita, Venezuela, del 8 al 10 de octubre de 2003. Allí, los 34 países que integran este foro se comprometieron a crear condiciones favorables para alcanzar un desarrollo socio-económico con equidad y a promover sociedades más justas. Desde entonces, la agenda social ha ocupado un lugar más relevante en la temática que aborda este organismo hemisférico.
En la Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisférica, realizada en México, el 27 y 28 de octubre de 2003, se dio un nuevo paso. A partir de una visión multidimensional de la seguridad, se concluyó que la democracia, la estabilidad y la seguridad de los Estados se ve afectada por la pobreza y la exclusión social.
En la Cumbre Extraordinaria de las Américas, celebrada en Monterrey, México, el 12 y 13 de enero de 2004, los Jefes de Estado y de Gobierno del Hemisferio reconocieron –por primera vez en una Cumbre- la importancia de promover y observar los derechos económicos, sociales y culturales. Por eso –y a propuesta de la Delegación venezolana- exhortaron a la OEA a “considerar cuidadosamente las recomendaciones aprobadas durante la Reunión de Alto Nivel sobre Pobreza, Equidad e Inclusión Social”.
Asamblea General Ordinaria de la OEA, Quito, Ecuador
Largo ha sido el camino para lograr que la OEA confiera a los derechos económicos, sociales y culturales igual jerarquía que a los derechos políticos y civiles. Es importante destacar que la XXXIV Asamblea General Ordinaria de la OEA, celebrada en Quito, Ecuador (4 -6 de junio, 2004), aprobó, a instancias del Gobierno de Venezuela, una Resolución de gran trascendencia histórica. Nos referimos a la Resolución intitulada “Proyecto de Carta Social de las Américas: renovación del compromiso hemisférico del combate a la pobreza extrema en la región”.
Más de tres años de intensos debates en la OEA fueron necesarios para que los Cancilleres dieran el mandato de elaborar la Carta Social de las Américas. No fueron pocos los obstáculos que Estados Unidos y otros países pusieron en el camino.
“Hacer realidad los beneficios de la democracia” fue el lema central de la XXXV Asamblea General de la OEA, realizada en Fort Lauderdale, en junio de 2005. El papel jugado por la Delegación venezolana fue decisivo para que el principio de soberanía y autodeterminación de los pueblos, consagrado en la Carta de la OEA, fuera reafirmado.
La intención de Estados Unidos y sus aliados era crear un mecanismo de monitoreo o tutelaje sobre los procesos políticos en nuestros países. Intención que resultó frustrada, gracias a la combatividad que observó nuestra Delegación y al apoyo decisivo de otros países.
En la Asamblea de Fort Lauderdale también se renovó el mandato, emitido en Quito, para que se iniciaran las negociaciones sobre la Carta Social de las Américas y se aprobaron otras ocho resoluciones propuestas por Venezuela.
Cumbre de las Américas –Cumbre de Mar del Plata,
Argentina
A diferencia de los temas neoliberales (ALCA) que marcaron la Cumbre de Québec, la Cumbre de Mar de Plata, realizada en Argentina el 4 y 5 de noviembre de 2005, estaba orientada al tema social: “Crear Trabajo para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática”. El hecho de que los Jefes de Estado y de Gobierno debatieran preferentemente sobre lo social era auspicioso. Conceptos relacionados con la justicia social fueron incorporados gracias a nuestra Delegación.
El espíritu de esta Declaración se vio empañado por la insistencia de algunos países en insertar el tema del ALCA. Las rondas de negociación que, en el marco del GRIC, precedieron la Cumbre de Mar del Plata fueron escenario de una intensa configuración de alianzas. La maquinaria diplomática norteamericana creyó que podría lograr el renacimiento del ALCA.
El intenso debate que se llevó a cabo sobre el ALCA demostró la existencia de dos visiones sobre los procesos de integración.
Desde un principio, Venezuela rechazó la mención del ALCA en la Declaración. Y en el proceso de negociación logró tejer exitosamente una alianza con los países del MERCOSUR; alguno de los cuales llegó a mostrar cierta vacilación.
Lo ocurrido en Mar del Plata marca un hito histórico en el continente, ya que un grupo de países se enfrentó a los designios políticos de la potencia del Norte, en temas cruciales de la agenda hemisférica. Esta alianza es, sin embargo, aún débil. Su porvenir dependerá, en buena medida, del avance de nuestra revolución y del surgimiento de nuevos gobiernos de carácter progresista en nuestro continente.
En la Declaración de Mar del Plata se reafirmó el compromiso de los Estados de combatir la pobreza, la desigualdad, el hambre y la exclusión social en nuestro hemisferio, y se asignó a la creación de trabajo digno, decente y productivo, un papel central en la consecución de estos objetivos.
Debate en la OEA sobre la Carta Social
A pesar del mandato emitido por los Cancilleres para la elaboración de una Carta Social de las Américas, Estados Unidos y otros países continúan poniendo obstáculos. Fue apenas en junio de 2005, cuando se pudo constituir plenamente el Grupo de Trabajo que llevará adelante las negociaciones para aprobar dicho texto.
Actualmente hay un gran debate en la OEA en torno a la naturaleza que debe tener la Carta. Venezuela y otros países sostienen que ella debe reivindicar los derechos económicos, sociales y culturales, mientras que Estados Unidos considera que este instrumento no debe reivindicar derechos sino, más bien, ocuparse de identificar “acciones prácticas”.