La democracia como valor compartido y como objetivo irrenunciable se ha
afianzado con renovada fuerza en nuestro continente. Durante la Guerra Fría, no pocas
veces estuvo subordinada a los intereses de seguridad de las potencias contendientes. La
Carta Democrática Interamericana, aprobada por la OEA, constituye un
documento–doctrina de la mayor importancia para su defensa. En la década de los 80,
dictaduras militares fueron enfrentadas por movimientos populares que lograron conquistar
sistemas políticos que otorgan especial importancia al respeto de las libertades
fundamentales. Momentos auspiciosos se inauguraban en el hemisferio. Nuevas ilusiones
alimentaban utopías redentoras. Efímero el tiempo de la esperanza. La degeneración de
la partidocracia; el fracaso de los modelos neoliberales; la creciente insatisfacción de
las necesidades populares; la recurrente secuela de desigualdades e injusticias,
frustraron aspiraciones colectivas. Algunos gobiernos que habían nacido del voto popular
fueron perdiendo legitimidad a causa del fracaso económico y político, así como de la
degradación ética.
El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de
Londres en reciente informe señala que, con notables excepciones, la democracia en la
mayor parte de América Latina no ha respondido a las demandas populares y se ha visto
asociada con la corrupción y la violencia.
Mientras tanto, el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), constata la apatía de los ciudadanos con respecto a la política. Expertos como
O´Donnel expresan que América Latina se orienta hacia una suerte de “democracia
delegativa”, en la cual los ciudadanos eligen a sus dirigentes pero renuncian a
controlarlos políticamente. Con base en encuestas realizadas, el BID sostiene que en este
continente hay un apoyo predominante al ideario democrático, pero observa un respaldo
marcadamente menor a la democracia, en la forma como ella se practica en la realidad.
Es por esto que Venezuela ha planteado en el seno de la
OEA un sincero debate sobre la democracia que tenemos y la democracia que aspiramos.
¿Cuál democracia es la que necesitan nuestros pueblos? Cierto es que las elecciones
otorgan fisonomías democráticas, pero no pocas veces los gobiernos se han dedicado a
legitimar intereses de élites que usufructúan de manera obscena los privilegios del
poder. Elecciones sí. Alternabilidad sí. Pluralismo sí. Pero ello no es suficiente. La
democracia debe ir más allá del acto comicial, de lo episódico y crear mecanismos para
fomentar la participación permanente de todos los actores sociales y políticos.
Asimismo, debe satisfacer las demandas de las mayorías sociales; especialmente de los
más pobres, que han sido condenados a la exclusión y a la miseria. Superar la pobreza
es, entonces, no sólo una responsabilidad de la democracia, sino que es, también, una
demanda ética. La preferencia hacia los pobres constituye una obligación insoslayable de
cualquier gobierno que se proclame democrático. Un proyecto democrático también incluye
a los sectores medios de la población y al empresariado progresista.
El respeto a los derechos humanos es una condición
esencial del sistema democrático. Libertades fundamentales como la libertad de expresión
y manifestación, su ejercicio pleno, son categoría de esos derechos; igualmente la
protección que merece el ciudadano contra cualquier tipo de atropello: no se puede privar
de la libertad a persona alguna en forma arbitraria, o someterla a torturas o maltratos
que socaven la dignidad humana. Un tercer tipo de derechos –tal vez los más
importantes en América Latina– se refieren a la satisfacción de necesidades vitales
que proveen a los ciudadanos un nivel de vida justo y digno. Pero, cuando observamos los
elevados niveles de pobreza y exclusión que existen en nuestro continente, debe
reconocerse que aquí la democracia tiene muy poco contenido social. El gran reto para la
democracia es, si duda, alcanzar la justicia.
