El golpe de Estado del 11 de abril significó una abrupta interrupción del
orden democrático y constitucional. El hemisferio parecía retrotraerse a aciagas
situaciones del pasado, signadas por el quebrantamiento de las libertades fundamentales y
el irrespeto de los derechos humanos.
Gobernantes
democráticamente electos eran removidos del ejercicio de sus funciones mediante golpes de
Estado, sin que insurgieran movimientos sociales y políticos con fuerza suficiente para
restituirlos en el poder. No fue así el caso de Venezuela. Hecho sin precedentes en la
historia política de nuestro continente.
Los ministros de
Relaciones Exteriores de los 34 países del continente adoptaron, en el marco de la
Asamblea General de la OEA, el pasado 18 de abril, en Washington, una resolución
denominada Apoyo a la democracia en Venezuela, donde acordaron: “Brindar el apoyo y
la ayuda de la OEA que el Gobierno de Venezuela requiera para la consolidación de su
proceso democrático”.
De igual forma
aprobaron “Respaldar la iniciativa del Gobierno de Venezuela de convocar de manera
inmediata a un diálogo nacional, sin exclusiones, y exhortar a todos los sectores de la
sociedad venezolana para que participen en el mismo con sus mejores y más decididos
esfuerzos, a fin de lograr el pleno ejercicio de la democracia en Venezuela, con pleno
apego a la Constitución, y tomando en cuenta los elementos esenciales de la democracia
representativa contenidos en los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana”.
Las primeras palabras
del presidente Hugo Chávez, al reasumir sus funciones como jefe del Estado, estuvieron
dirigidas a propiciar un clima de reconciliación nacional. Su disposición a impulsarlo
no ha quedado en promesas. Estableció, mediante decreto presidencial, la Comisión para
el Diálogo que coordina el nuevo vicepresidente ejecutivo de la República, doctor José
Vicente Rancel, personalidad de probada trayectoria democrática. El diálogo busca
auscultar la opinión de los más amplios sectores en la búsqueda de soluciones
consensuales a los principales problemas que gravitan sobre la gobernabilidad en
Venezuela. Los consensos alcanzados se convertirán en pautas para las políticas que
lleven adelante todos los poderes del Estado.
El amplio debate que
tiene lugar en Venezuela refleja las urgencias de cambio que demanda el país en todos los
órdenes. Cambio que debe ser, necesariamente, de naturaleza progresista. Un verdadero
desafío histórico. La mayoría determinante del país aspira profundizar y perfeccionar
la democracia armonizando la vigencia del estado de derecho, con un estatuto de equidad
económico–social. Democracia y justicia son dos caras de la misma moneda.
En Venezuela se ha
intensificado, como nunca, la participación política. Expresión inequívoca del
pluralismo que caracteriza a una sociedad democrática. La disidencia, que es
absolutamente necesaria para perfeccionar la democracia, nunca había tenido en nuestro
país tantas posibilidades de expresarse. La represión, en diversas formas, ha sido la
receta aplicada a quien irrumpe, en nuestro continente, contra los poderes constituidos.
El Gobierno reconoce la
solidaridad mostrada por la OEA en momentos cruciales para la vida democrática del país.
Espera, a la luz del proceso de diálogo y reconciliación que se adelanta, consolidar
acuerdos fecundos y constructivos. Estaría inclinado a solicitar el apoyo específico del
máximo organismo hemisférico, en caso de que éste fuera necesario, para profundizar y
perfeccionar su institucionalidad democrática.
En esta hora, cuando
las tensiones políticas han alcanzado elevada temperatura en Venezuela, la concertación
creativa e inteligente constituye la única vía para encontrar soluciones a los
conflictos de intereses que se presentan en nuestra sociedad.
* Embajador venezolano ante la OEA
