Es
incuestionable que las democracias que se han instaurado en nuestro
continente no han respondido a las demandas populares.
Democracias de sufragio las que tenemos.
Representan, sin duda, estadios superiores de organización
política a las tradicionales dictaduras militares que hemos conocido en
el continente.
Pero democracias sin aliento social y popular son las
que tenemos.
Lejos estamos de contar en América Latina con
democracias que interpreten fielmente la voluntad colectiva y hayan sido
capaces de integrar a los sectores mayoritarios de la población al
disfrute de los bienes materiales y espirituales que atesoran las
sociedades.
Democracias verdaderas las que trascienden el mero hecho
comicial y en las cuales la participación plena de la ciudadanía no es
algo extraordinario, sino sencillo y cotidiano.
Tampoco se han alcanzado los derechos civiles y políticos
para la mayoría de los ciudadanos. Menos aún, los derechos económicos
y sociales que, en el siglo XX, se conquistaron en los países
desarrollados con el establecimiento del Estado benefactor. La exclusión,
la desigualdad y la discriminación constituyen características
sobresalientes del actual panorama latinoamericano.
Documentos fundamentales como la Carta de la OEA y la
Carta Democrática Interamericana hacen expresa mención a la pobreza, y
a su relación anómala con la democracia. Es un compromiso ineludible
de los Estados democráticos profundizar las políticas sociales. El
Gobierno de Venezuela ha convertido a éstas en el centro de su acción
y despliega audaces planes y programas para favorecer a los sectores más
vulnerables.
La pobreza tiene implicaciones diversas. Ahora se habla
de su carácter multidimensional ya que envuelve lo social, lo económico
y se extiende a lo político. De no encararse con urgencia y determinación
podría convertirse (de hecho se ha convertido) en un factor que
erosiona la estabilidad política en la región.
Superar esta perversa y aberrante situación, que
demuestra patéticamente el fracaso del inhumano modelo neoliberal que
reproduce a cada instante la injusticia, la desigualdad y la
discriminación, constituye un gran desafío.
La democracia debe ir más allá de los actos comiciales
y crear mecanismos para que la participación de todos los actores
sociales y políticos sea posible. La democracia debe satisfacer las
demandas de las mayorías, especialmente de los más pobres, que han
sido condenados a la exclusión y la miseria. Superar la pobreza, la
inequidad y la exclusión social es no sólo una responsabilidad de la
democracia, sino su principal demanda ética.
Ante los jefes de Estado y de Gobierno un nuevo reto: la
Cumbre Extraordinaria de las Américas, que se realizará en enero de
2004, en la ciudad de Monterrey, México. El Gobierno venezolano espera
que allí se definan claros mandatos para que tengamos — más temprano
que tarde— una región donde imperen indefectiblemente los derechos
humanos. Democracia con justicia social debe ser el lema. Un indisoluble
binomio para alcanzar mayores niveles de felicidad para
los hombres y mujeres que habitan nuestro continente.
*Embajador
de Venezuela ante la OEA
