Opinión

OEA: la gran ausente

Jorge Valero *

La OEA ha estado ausente ante uno de los acontecimientos más censurables en la historia reciente del hemisferio: el derrocamiento del presidente constitucional de la República de Haití, Jean-Bertrand Aristide.

Entretanto, algunos países que forman parte de este foro, que tienen una significativa influencia en los asuntos internacionales, se han entrometido descaradamente en el proceso político haitiano. En el marco de una viva confrontación política interna, apoyaron las demandas de una oposición irresponsable y maximalista, afectando gravemente la propia estabilidad democrática del país.

En el interín, la oposición democrática fue perdiendo espacio político ante los grupos más regresivos asociados a la oprobiosa dictadura de Duvalier, los escuadrones de la muerte, la ultraderecha y personajes siniestros pertenecientes al desmantelado ejército haitiano en tiempos de Raúl Cedrás. Grupos que, finalmente, dictaron la pauta en el cruento derrocamiento del gobierno constitucional.

La llamada comunidad internacional, un eufemismo con el cual ahora se alude a los países que ejercen un predominio hegemónico en el mundo, no actuó disuasivamente frente a estos factores antidemocráticos, insurreccionales y golpistas, que se fueron configurando en el proceso de impugnación a las autoridades legítimas. Por el contrario, algunos de estos países apoyaron abiertamente a la oposición.

Repudiable es también que ingentes recursos financieros hayan sido canalizados para erosionar la gobernabilidad en Haití, como ha sido reseñado por el diario británico The Independent, del 13 de marzo de 2002.

Al mismo tiempo, se asfixió financieramente –y de manera criminal– al gobierno de Aristide. Se represaron fondos anclados en la banca multilateral, por cerca de 500 millones de dólares.

Una política genocida, sin duda alguna, negar recursos a una población azotada por el hambre y la miseria. La más pobre de todo nuestro continente.

Concomitantemente se desestimó el plan de paz propuesto por los países de la Comunidad del Caribe, que planteaba respetar el período constitucional del Presidente Jean-Bertrand Aristide y designar un primer ministro mediante el consenso de todas las fuerzas políticas y sociales, para que éste, a su vez, constituyera un gobierno compartido.

El plan de paz de la Caricom, sin embargo, fue saboteado por una intransigente oposición y por factores internacionales que aplicaban una estrategia destinada a debilitar la institucionalidad democrática de Haití. El derrocamiento de Aristide fue, en consecuencia, producto de una operación político militar muy bien planificada y ejecutada, durante varios años, en la cual el papel de los principales medios de comunicación fue fundamental.

En Haití se ha producido una ruptura del Estado de Derecho. El presidente constitucionalmente electo fue extrañado del país en contra de su voluntad. La OEA, entretanto, se ha mantenido en silencio.

Hay interrogantes de carácter ético que deben responderse. ¿Qué papel juega la Carta Democrática Interamericana en circunstancias como éstas?, ¿Son "buenos" los golpes de estado cuando se cometen contra gobernantes que no son de la simpatía de determinados intereses internacionales

La OEA tiene que asumir plenamente sus responsabilidades. Reafirmar en todo momento el respeto a los gobiernos legítimamente constituidos. Defectos pudo haber tenido el gobierno del presidente Jean-Bertrand Aristide. Pero ¿cómo demostrar que era el gobierno más imperfecto entre los 34 países de la OEA?. ¿Qué juez puede determinarlo?
El momento es oportuno para hacer un examen profundo en torno al sistema interamericano prevaleciente. Está en juego el destino democrático de nuestra América. Es imperativo realizar una investigación a fondo y profunda de lo que ha ocurrido en el hermano país caribeño.

La OEA y la Carta Democrática Interamericana están, por lo tanto, en discusión.

*Embajador de Venezuela ante la OEA