Washington D.C., 30 de abril de 2004
Honorable Vin Weber
Presidente de la Junta Directiva del
Fondo Nacional para la Democracia (NED)
1101 Fifteenth Street, N.W., Suite 700,
Washington D.C. 20005
Distinguido Señor Weber,
El 20 de abril del año en curso, recibí una comunicación firmada por usted; por Madeleine Albright, ex Secretaria de Estado y Presidente de la Junta Directiva del Instituto Nacional Democrático de Asuntos Internacionales; y por el Senador John McCain, Presidente de la Junta Directiva del Instituto Internacional Republicano.
Anexo a esa comunicación se remite un Memorando, fechado el mismo día, sin firma, en el cual se pretende refutar las denuncias que, en nombre del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, hiciéramos ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el pasado 31 de marzo del 2004.
Ninguno de los argumentos contenidos en ese Memorando invalidan nuestras denuncias. El meollo de éstas es que dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos, está siendo canalizado -a través del NED- para financiar personas, partidos políticos y organizaciones de la llamada “sociedad civil” de Venezuela, que participaron en el funesto Golpe de Estado del 11 y 12 de abril del 2002; que apoyaron o promovieron el sabotaje a la industria petrolera nacional (diciembre 2002-febrero 2003); y que han seguido utilizando el financiamiento del NED para insurgir contra las leyes e instituciones democráticas venezolanas.
Quisiéramos preguntar si es lícito que el NED utilice dinero otorgado por el Congreso de los Estados Unidos para financiar a personas, partidos políticos y organizaciones que han atentado contra la democracia.
Distinguido Señor Weber,
Nos permitimos hacer de su conocimiento que el ordenamiento jurídico de la República Bolivariana de Venezuela prohíbe que organizaciones de la sociedad civil de nuestro país reciban dinero de entes foráneos.
En esta oportunidad queremos reiterar que el Instituto Internacional Republicano (IRI), institución subsidiaria del NED, apoyó y festejó el Golpe de Estado en Venezuela, a través de un Comunicado emitido el 12 de abril del 2002 por su Presidente, George Folsom. En el mismo se afirma que el IRI había “servido de puente” para articular “a los partidos políticos nacionales y a todos los grupos de la sociedad civil” –a quienes llama “sus socios”- que habían apoyado y/o participado en el Golpe de Estado.
Existen abundantes evidencias de que el NED utilizó dinero asignado por el Congreso de los Estados Unidos para financiar organizaciones venezolanas de la llamada “Sociedad Civil”, cuyos líderes firmaron el Decreto mediante el cual el dictador Pedro Carmona Estanga disolvió todas las instituciones democráticas del país (véase documentos publicados en: www.venezuelafoia.info).
Los ejemplos sobran: María Corina Machado, de SUMATE; Rocío Guijarro y Vilma Petrash, de CEDICE; Carlos Fernández y Julio Brazon, de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (FEDECAMARAS); Carlos Pumar, de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV); Armando León, de Asamblea de Educación; Maxim Ross, de Asamblea de Ciudadanos; Domingo Alberto Rangel, de Resistencia Civil y Julio César Arreaza B., de Visión Emergente. Estos tres últimos participantes en el proyecto dirigido a la construcción de una “agenda alternativa”, financiado por el Centro Internacional para la Empresa Privada (“CIPE”) y ejecutado por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico de Venezuela (“CEDICE”).
Entre los firmantes del Decreto también se encuentran líderes políticos que han recibido apoyo del NED, como Leopoldo Martínez, Diputado a la Asamblea Nacional quien fuera nombrado Ministro de Finanzas por el dictador Pedro Carmona y Leopoldo López, Alcalde de Chacao, del partido Primero Justicia.
Por su parte, Leonardo Carvajal, líder principal de la Asociación Civil Asamblea de Educación -organización también financiada por el NED- fue nombrado Ministro de Educación por el gobierno ilegítimo de Carmona.
En las mismas fuentes documentales también existen abundantes evidencias de que el NED financió organizaciones cuyos líderes firmaron un Comunicado en nombre de la “Sociedad Civil”, respaldando al gobierno de facto de Pedro Carmona. Entre otros: Jesús Torrealba, de la Asociación Civil Asamblea de Educación; Leonardo Pizzani, de SUMATE; y Oscar García Mendoza, Director de la Asociación Civil Liderazgo y Visión.
Tomás Páez (Red Democrática Universitaria); Elías Santana (Alianza Cívica de la Sociedad Civil) y Cipriano Heredia (Visión Emergente), quienes también firmaron ese Comunicado, se encuentran entre los representantes o dirigentes de organizaciones de la sociedad civil que han recibido fondos del NED para desarrollar el proyecto de CIPE-CEDICE, en función de construir una “agenda alternativa” a la del Gobierno que preside Hugo Chávez Frías (Grant Agreement 0102522-000-00).
¿Puede el NED utilizar dinero asignado por el Congreso de los Estados Unidos para que grupos que apoyaron el Golpe de Estado elaboren una “agenda alternativa” a la del Gobierno Nacional? ¿Puede esto ser llamado “promoción de la democracia”?
¿Están las autoridades del NED en conocimiento de que estas personas y organizaciones participaron o apoyaron el Golpe de Estado en Venezuela?. ¿Por qué el NED las sigue financiando?
En el Memorando que usted nos remite, anexo a su comunicación, se sostiene que “el NED apoya proyectos que promueven y defienden los procesos democráticos, independientemente de su orientación política”. Sin embargo, lo cierto es –y esto no ha sido refutado- que el NED apoya única y exclusivamente programas que favorecen los planes políticos de grupos que hacen férrea oposición al Gobierno bolivariano, muchos de los cuales –como se ha demostrado ya- han recurrido a procedimientos antidemocráticos.
La parcialización política del NED es evidente e irrefutable. Sus proyectos están orientados, en su totalidad, a confrontar las políticas del Gobierno venezolano y a insurgir o desconocer leyes vigentes aprobadas por la Asamblea Nacional. Proyectos que se fundamentan en juicios de valor totalmente negativos y prejuiciados en contra del proyecto político democrático que lidera el Presidente Hugo Chávez. En ellos se habla de financiar la lucha contra el “autoritarismo”, el “Castro-comunismo” y la “Dictadura” en Venezuela.
¿Es “promoción de la democracia” que el NED utilice dinero otorgado por el Congreso de los Estados Unidos para financiar proyectos orientados a insurgir, desconocer o violar las leyes de un país democrático?
¿Puede el NED utilizar recursos otorgados por el Congreso de los EEUU para financiar los proyectos políticos de la oposición venezolana?
Christopher Sabatini, Director de Proyectos del NED para América Latina y el Caribe, reconoció en una entrevista radial en Pacifica Radio’s Democracy Now!, el pasado 4 de marzo, que él mismo redacta las solicitudes de financiamiento que son presentadas por estas organizaciones de la oposición venezolana ante la Junta Directiva del NED.
Reiteramos –y esto no ha sido desmentido en el Memorando- que Christopher Sabatini se ha convertido en un asesor político clave de la oposición en Venezuela. Que promueve y apoya toda una red conspirativa en nuestro país. Que tiene relaciones estrechas, permanentes y de complicidad con los principales líderes de la oposición, incluida la golpista.
Reiteramos que en la lista de beneficiarios del NED –y esto no ha sido desmentido- figuran única y exclusivamente partidos políticos de la oposición en Venezuela: Primero Justicia, Acción Democrática, COPEI y Movimiento al Socialismo (MAS).
En un proyecto financiado por el NED titulado “Fortalecimiento de Partidos Políticos”, se afirma que el IRI ha estado “trabajando estrechamente con Primero Justicia para desarrollar la plataforma política del partido” (Grant Agreement 2002-022/7279).
En un reporte presentado después de un viaje a Caracas, realizado entre el 16 y 25 de junio del 2002, Christopher Sabatini afirma: “Primero Justicia es el socio principal del IRI” en Venezuela. (http://www.venezuelafoia.info/NED/ Memorandum/pages/Memorandum-C39.htm)
En un reporte trimestral del IRI sobre el programa titulado “Fortalecimiento de los Partidos Políticos”, se explica que Mike Collins, ex Secretario de Prensa del Partido Republicano “trabajó con Primero Justicia, el movimiento político de Alfredo Peña, Unión para el Progreso, COPEI, Acción Democrática y un grupo de periodistas convocados por la organización de la sociedad civil CEDICE”. El objetivo del programa fue desarrollar “estrategias comunicacionales” y de “imagen” (IRI 2001-047QR-Oct-Dec).
El apoyo financiero del NED a los partidos de la oposición en Venezuela va más allá del entrenamiento y la asistencia técnica. Como hemos comprobado, el NED se involucra, incluso, en la definición de las estrategias que desarrollan los principales partidos de la oposición.
Reiteramos nuestra denuncia de que el NED financia a la organización SUMATE, para conducir una campaña nacional que promueva el revocatorio contra el Presidente Hugo Chávez.
Los dólares que el NED otorga a SUMATE, no son utilizados para “observar el proceso de recolección de firmas que fuera conducido por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela”, tal y como se afirma en el Memorando anexo a su comunicación. Entre otras razones, porque SUMATE no está facultado legalmente para actuar como observador, nacional o internacional, en el proceso electoral venezolano. Los únicos observadores internacionales que hasta ahora han sido admitidos por el Gobierno Nacional y por el Consejo Nacional Electoral (CNE) son la OEA y el Centro Carter. Debemos puntualizar que los observadores nacionales, acreditados por el poder electoral, no pueden manifestar públicamente su adhesión a las fórmulas políticas en juego en el referendo revocatorio. Un observador tiene que ser imparcial. SUMATE, por el contrario, está totalmente comprometida con la Coordinadora de la Oposición. Y es, como todo el país sabe, su maquinaria electoral. SUMATE sólo actúa con relación a un procedimiento revocatorio específico y puntual: el procedimiento revocatorio del Presidente de la República.
Se señala en el Memorando remitido por usted que “El respaldo del NED no fue utilizado para la recolección de firmas”. Sin embargo, es el propio SUMATE que en su página web da abundantes evidencias de que su objetivo ha sido conseguir firmas en “El Firmazo” y en “El Reafirmazo” contra el Presidente Chávez. (Véase: www.sumate.org/quienes_somos.html).
SUMATE programó, organizó e instrumentó la primera recolección de firmas (conocida como “El Firmazo”), en febrero del 2003, cuando la oposición pretendió ilegalmente convertir el referéndum consultivo (Artículo 71 de la Constitución) en referéndum revocatorio (Artículo 72). En su informe al NED sostuvo que había recabado “27 millones de firmas en un día” (Véase: Grant Agreement 2003-548.0). Intento que fuera declarado ilegal por el Tribunal Supremo de Justicia y por el Consejo Nacional Electoral mediante decisión de septiembre de 2003.
Fue igualmente notoria la protagónica participación de SUMATE en la programación, organización e instrumentación de la segunda recolección de firmas (el llamado “Reafirmazo”), entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre del 2003, para solicitar el revocatorio del mandato presidencial.
Oportuno es recordar nuevamente que la vicepresidenta de SUMATE, María Corina Machado, firmó el Decreto Golpista del dictador Pedro Carmona y que su Presidente, Alejandro Plaz, respaldó el Golpe de Estado y el Sabotaje Petrolero.
SUMATE ha actuado ilegalmente. Ha pretendido, incluso, usurpar funciones atribuidas por la Constitución y las leyes de la República, al Poder Electoral, esto es, al Consejo Nacional Electoral (CNE). Por ejemplo, elaboró planillas, sin facultad legal alguna, en la recolección de firmas. Formuló preguntas y dirigió un referéndum fraudulento, absolutamente al margen de la normativa electoral. Se trata, pues, de una organización que con un fin sectorial y parcializado pretende suplantar al poder electoral, única autoridad y árbitro de la materia, de acuerdo con el artículo 293 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, SUMATE se ha constituido ilegalmente en un Consejo Nacional Electoral paralelo.
La importancia de SUMATE para la oposición es más que evidente. A pesar de sus contradicciones internas, la oposición ha decidido ir a los Reparos por expresa recomendación de SUMATE. SUMATE es, por lo tanto, el operador fundamental de la oposición para el proceso de Reparos que se avecina.
En el proyecto a ser ejecutado en el período septiembre 2003-septiembre 2004 (Grant Agreement No.2003-548.0) SUMATE se comprometió a utilizar los dólares otorgados por el NED para “Promover apoyo popular para el referéndum”. Igualmente a desarrollar “una campaña pública de información”, mediante “comerciales de televisión y radio así como afiches”, con el propósito de lograr el revocatorio del mandato del Presidente Chávez.
De acuerdo con un informe trimestral (2003-548QR-Sep-dic 2003), SUMATE recibió dinero del NED para entrenar líderes de la oposición: Responsables de los Centros de Recolección de firmas, Totalizadores de votos, etc. Incluso recibió financiamiento para “videos”; “tarjetas de Búscate en el R.E.P.”; “calcomanías de Ya firmé”; “afiches de ubicación de Centros de Recolección de firmas y de Cómo firmar”. De la misma manera, con dinero del NED, se editó “un disquete con explicación del simulacro de entrenamiento que se iba a realizar el 17 de noviembre”.
¿Puede el NED utilizar recursos asignados por el Congreso de los EEUU para financiar una maquinaria electoral, denominada SUMATE, que persigue únicamente la salida de un Presidente elegido democráticamente?
Por otra parte, reiteramos nuestra denuncia de que el NED utiliza recursos asignados por el Congreso de los EEUU para financiar proyectos dirigidos a reformar y derogar leyes nacionales que han sido aprobadas por la Asamblea Nacional. El objetivo del proyecto “Supervisión de la Reforma Agraria” (Grant Agreement No. 2002, 424.1) ejecutado por la Asociación Civil Acción Campesina, es elaborar “propuestas alternativas en torno a aspectos clave de la actual Ley de Tierras y Desarrollo Agrario” o la elaboración de una “nueva Ley” en esa materia.
De acuerdo con la Sentencia 1395 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (del 21 de noviembre del 2000) relacionada con La Sociedad Civil y su Financiamiento, está prohibido que organizaciones de este tipo reciban financiamiento foráneo. En consecuencia, el NED está violando la ley venezolana cuando financia organizaciones que están no solo participando en el debate político interno, sino que, muchas de ellas -como lo hemos demostrado en la presente comunicación- han incurrido en actividades inconstitucionales.
Distinguido Señor Weber,
En nombre del Gobierno Nacional solicitamos sus buenos oficios para que el NED suspenda, en forma inmediata, el financiamiento que está otorgando a personas, organizaciones y partidos políticos de Venezuela. Reiteramos que el NED, con financiamiento del Congreso de los Estados Unidos, no sólo está violando el orden jurídico de nuestro país, sino también los artículos 3 y 19 de la Carta de la OEA, que condenan la intervención en los asuntos internos de los países. Exigimos nuevamente el cese de la intervención extranjera en Venezuela.
Atentamente,
Jorge Valero
Embajador
Representante Permanente ante la OEA