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SITUACIÓN EN VENEZUELA Informe
que la Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela presenta para la
consideración del Consejo Permanente de la OEA Washington
D.C., Martes 28 de mayo de 2002 |
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I.
Antecedentes La
Comunidad Internacional condenó estos hechos. El Hemisferio parecía retrotraerse a
aciagas situaciones del pasado, signadas por el quebrantamiento de las libertades
fundamentales y el irrespeto a los derechos humanos. Durante las cuarenta y ocho (48)
horas, que el gobierno de facto permaneció
en el poder, los golpistas mostraron su naturaleza represiva y antipopular. Los
Jefes de Estado de los países miembros del Grupo de Río, reunidos en San José de Costa
Rica, el 12 de abril de 2002, cuestionaron la ruptura del orden constitucional, e instaron
a la normalización de la institucionalidad democrática. Asimismo, solicitaron la
convocatoria a una sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, conforme al
artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Este foro político, reunido el 13
de abril en la ciudad de Washington D.C., adoptó la Resolución CP/RES. 811 (1315/02)
titulada “Situación en Venezuela”, mediante la cual también condenó la
alteración del orden constitucional y convocó a un período extraordinario de sesiones
de la Asamblea General. El
día 18 de abril de 2002, se realizó, en Washington, D. C., el Vigésimo Noveno Período
Extraordinario de Sesiones. Histórica la decisión tomada. Los Ministros de Relaciones
Exteriores y los Jefes de Delegación,
aprobaron la Resolución AG/RES.1 (XXIX-E02) denominada: “Apoyo a la Democracia en
Venezuela”, mediante la cual expresaron su “satisfacción por el
restablecimiento del orden constitucional y del gobierno democráticamente elegido del
Presidente Hugo Chávez Frías en la República Bolivariana de Venezuela”.
Manifestaron “la determinación de los Estados Miembros de seguir aplicando, con
estricto apego a la letra y al espíritu; y sin distinción, los mecanismos previstos por
la Carta Democrática Interamericana para la preservación y defensa de la democracia
representativa, reiterando el rechazo al uso de la violencia para sustituir a cualquier
gobierno democrático en el Hemisferio”. Respaldaron “la iniciativa del Gobierno
de Venezuela de convocar de inmediato a un diálogo nacional, sin exclusiones”, y
exhortaron “a todos los sectores de la sociedad venezolana para que participen en el
mismo, con sus mejores y más decididos esfuerzos a fin de lograr el pleno ejercicio de la
democracia en Venezuela...”. Por
otra parte, los Cancilleres encomendaron al Consejo Permanente de la Organización
presentar “un informe global sobre la situación en Venezuela al próximo período de
sesiones de la Asamblea General”. En cumplimiento de ese mandato la reunión de hoy
aprobará el Informe.
II.
Restitución del orden constitucional Como
es del dominio de la Comunidad Internacional, un clamoroso movimiento popular, en alianza
con una Fuerza Armada Nacional, apegada a los valores fundamentales de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, logró el restablecimiento del orden
constitucional y restituyó en la primera magistratura al Presidente Hugo Chávez Frías.
Hecho inédito y sin precedentes en la
historia política de nuestro Continente. Gobernantes democráticamente electos fueron
removidos del ejercicio de sus funciones mediante golpes de Estado, sin que inmediatamente
aparecieran movimientos sociales y políticos con fuerza suficiente para restaurarlos. No
fue éste el caso de Venezuela. La Fuerza Armada demostró ser, en la mayoría de sus
componentes y estructuras fundamentales de mando, profundamente democrática. Las
primeras palabras del Presidente Hugo Chávez, al reasumir sus funciones como Jefe de
Estado, en la madrugada del domingo 14 de abril de 2002, estuvieron orientadas a promover
un clima de paz y reconciliación. Convocó al imperio de la racionalidad política. A la
reunificación del país. Se comprometió a continuar implementando el proyecto político
que lidera (en aras de alcanzar un país más justo, equitativo, libertario), en un marco
democrático y pacífico. Hizo un llamado a la reflexión de todos los sectores políticos
y sociales, sin exclusión alguna, para buscar alternativas, apegadas a la Constitución.
Expresó que regresaba a cumplir con la alta función encomendada por el pueblo soberano,
sin ánimo de retaliación ni espíritu revanchista. Reafirmó la disposición de su
gobierno de respetar los derechos humanos, sin menoscabo alguno. Manifestó su
disposición de convocar a un gran diálogo nacional con el propósito de superar los
principales problemas que aquejan al país. El
gobierno venezolano heredó, desafortunadamente, un país plagado de injusticias. Los
cuantiosos ingresos nacionales derivados de las exportaciones petroleras no fueron
utilizados, por quienes habían ejercido el
poder público en los últimos años, para desarrollar de manera integral el país; para
modernizar el Estado; para corregir las
seculares iniquidades y alcanzar una sociedad más inclusiva. Por el contrario, las
desigualdades sociales, económicas y territoriales se profundizaron. La pobreza creció a
niveles sin precedentes.
III. Agresiones contra la Democracia venezolana La
Constitución Nacional promulgada en 1999 postula el ejercicio de la democracia
participativa, protagónica y responsable de los ciudadanos. Principios que viabilizan la
democracia representativa, en la medida en que generan mecanismos de comunicación y
diálogo para que todos y, en particular, los excluidos de siempre sean escuchados por
quienes dirigen la cosa pública. En
Venezuela se ha intensificado, como nunca, la participación política. En apoyo al
Presidente Chávez se movilizan frecuentemente sectores sociales, especialmente los que
Frank Fannon llamara “los condenados de la tierra”. Los opositores políticos
recurrentemente toman las calles para expresarse. Expresiones inequívocas del pluralismo
político que caracteriza a una sociedad democrática, como la venezolana de este tiempo. El
amplio debate que se da en Venezuela, expresa el necesario y complejo proceso de cambios
de naturaleza progresista que demanda el país en todos los órdenes. Un verdadero
desafío histórico. La mayoría determinante de nuestra sociedad aspira profundizar y
perfeccionar la democracia, conjugando la vigencia del estado de derecho, con un estatuto
de equidad económica, social y territorial. Para el Gobierno de Venezuela, Democracia y
Justicia son dos caras de una misma moneda. Hay,
sin embargo, quienes se oponen a los cambios. Muchos de ellos por confusión. Una
minoría, la que ha detentado los privilegios del poder y usufructuado groseramente las
inmensas riquezas generadas por la economía petrolera venezolana, ha logrado
desafortunadamente irrigar su antidemocrática ideología. Minoría que se opone
obstinadamente a cualquier alternativa que signifique equilibrio y justicia en la
distribución de la riqueza. En su insensata conducta recurre hasta al expediente del
racismo para descalificar a los sectores populares y sus líderes. El racismo ha logrado
lamentablemente, en Venezuela, ensanchar su clientela. La ideología que lo soporta, que
estaba confinada a reducidos nichos, ha
penetrado en ciertos estratos de la sociedad. Preocupante fenómeno en una sociedad que
históricamente se ha configurado, al influjo de una cultura igualitaria y tolerante. El
Gobierno considera legítima a la oposición. Absolutamente necesaria para perfeccionar la
democracia. Ella nunca había tenido en nuestro país tantas posibilidades de expresarse.
No pocas veces se desborda en sus críticas. Aún así, sus voceros reciben un
tratamiento, por parte del Gobierno, respetuoso y considerado. A los golpistas del 11 de
abril se les ha resguardado sus derechos humanos, el debido proceso. Y hasta se les invita
al Parlamento Nacional, donde hay una correlación de fuerzas mayoritaria que respalda al
Presidente Chávez, para que expresen sus opiniones, las cuales son amplia e
instantáneamente divulgadas a través de todos los medios de comunicación. Cuan
tolerante el gobierno venezolano. Conducta sin parangón en la historia de América Latina
y el Caribe. El crimen, la tortura, la
cárcel y la persecución han sido las recetas que, con cierta frecuencia, se ha aplicado
a los disidentes políticos, a quienes irrumpen contra los poderes constituidos. El
Presidente Chávez ha reafirmado, de manera reiterada, la necesidad del entendimiento
nacional. Manifestantes de la oposición, de manera recurrente, se lanzan a las calles.
Igual derecho tienen los partidarios del Presidente de defender sus banderas. El estado de
excepción, situación prevista en la Constitución
Nacional, nunca se ha decretado a pesar de las difíciles circunstancias por las cuales ha atravesado el país. En
esta hora, cuando las tensiones políticas han alcanzado elevada temperatura, el diálogo
es la única vía para encontrar soluciones a los conflictos de intereses. Los
planes conspirativos para desestabilizar el orden democrático no han cesado. En honor a
la verdad, se iniciaron desde el mismo momento en que el Presidente Chávez obtuvo la
victoria electoral. A pesar de la derrota que han sufrido los sectores antidemocráticos,
aún insisten en provocar confrontaciones indeseables y se rehusan a participar en el
diálogo que propone el Jefe del Estado. Haciendo uso de ingentes recursos adelantan en el
país y en el exterior una campaña para desprestigiar al Gobierno. Su obsesión es
derrocar al Presidente Chávez, por cualquier
medio, aún a costo de la ruina del país. Ninguna alternativa desestiman para lograr sus
insensatos propósitos. Se resisten a competir en el terreno de la democracia y a acatar
el orden constitucional.
IV.
Lamentables consecuencias El
colofón del llamado a la huelga general indefinida fue la marcha de la oposición
convocada el 11 de abril para hacer el recorrido desde Parque del Este hasta Chuao sede de
PDVSA, en Caracas. La muchedumbre fue manipulada en su emotividad, fervor y buena fe, por
algunos líderes quienes auparon a que continuara hacia el Palacio de Miraflores,
contraviniendo las normas que autorizan previamente cualquier movilización de calle. V. El histórico retorno del Presidente. El
sábado 13 de abril, desde tempranas horas de la mañana se inició una masiva
concentración popular en el Fuerte Tiuna, principal establecimiento militar del país.
Los miles de manifestantes exigían la liberación del Presidente Hugo Chávez Frías.
Protestas similares se multiplicaban en numerosas ciudades del interior. En las
inmediaciones del Palacio de Miraflores, una multitud de personas se congregó para
reclamar el retorno del Presidente Hugo Chávez. En
horas de la tarde, el gobierno de facto –asediado por una inmensa muchedumbre
popular- fue perdiendo el control del Palacio de Gobierno. Los golpistas huyeron y el
pueblo recuperó el principal símbolo del poder. En la madrugada del domingo 14 de abril,
el Presidente Chávez reasumió su alta investidura. Un movimiento cívico-militar,
profundamente democrático, restableció el hilo constitucional en una acción
insólitamente pacífica, sin paralelo en la historia contemporánea de nuestro
hemisferio. Esa
misma tarde, algunos miembros del gabinete de gobierno constitucional reingresaron al
palacio de Miraflores. Se conoce la noticia de que el Presidente no había renunciado,
divulgada por la iniciativa audaz y valiente de un soldado que estaba en servicio en uno
de los sitios donde el Jefe de Estado había sido detenido. Militares democráticos de
Caracas, Maracay y de todo el país exigen el retorno a la constitucionalidad. Mientras
tanto, algunas cadenas de noticias internacionales, transmiten esos acontecimientos de
gran significado histórico. En verdad, fue la fuerte convicción democrática de la
sociedad venezolana, y el apego de mayoritarios sectores militares al estado de derecho,
lo que determinó la gran victoria de la
democracia venezolana, dándose al mundo una lección de madurez cívica. En
el marco de las respectivas competencias y facultades que les confiere la Constitución,
las instituciones que forman los poderes públicos del Estado venezolano, están
implementando, en estos momentos, una serie de iniciativas dirigidas a fortalecer la
estabilidad democrática y proponer la reconciliación de todos los venezolanos. Se busca
establecer consensualmente las bases de una gobernabilidad democrática inspirada en la
libertad y la justicia. Del
Poder Ejecutivo
El
Presidente Chávez ha admitido públicamente, en autocrítica sin precedentes en la
historia de Venezuela, que durante el proceso de construcción democrática su Gobierno ha
cometido errores. Su
llamado al diálogo y a la reconciliación de todos los venezolanos ha sido reiterado y
categórico.
·
Respetar
la Constitución y las leyes de la República; ·
Condenar los golpes de Estado como forma de producir
cambios en la sociedad; ·
Rechazar la violencia y la intolerancia en todas sus
manifestaciones; ·
Respaldar la independencia de los poderes del Estado en los
términos establecidos en la Constitución; ·
Garantizar
la impecable investigación de los hechos de violencia ocurridos los días 11, 12, 13, y
14 de abril; ·
Examinar
el rol de los medios de comunicación; ·
Establecer
criterios de transparencia y equilibrio para avanzar en el proceso de diálogo; ·
Recomendar
una lucha a fondo contra la corrupción y la impunidad; ·
Democratizar
el diálogo para que este se produzca a todos los niveles y en todas las regiones del
país; ·
Regularizar
y controlar la tenencia de armas, conforme a la ley; ·
Garantizar
la transparencia y la equidad en la asignación de los recursos públicos.
De
la Asamblea Nacional Una
Comisión Especial del Parlamento investiga lo sucedido durante la interrupción
inconstitucional. La integran diputados de todas las tendencias políticas y es presidida
por un diputado de la oposición. En ese marco se desarrolla un intenso proceso de
interpelaciones, tanto a personas afectas al Gobierno como contrarias a él.
De
la Fiscalía General de la República
Para
el logro de sus objetivos fortalece el equipo de fiscales designados en criminalística y
medicina forense, para atender con mayor celeridad las investigaciones respecto a la
identidad de los autores de los hechos que ocasionaron victimas fatales y heridos entre los días aciagos de abril. Por
otra parte, pone en practica un plan de acción coordinado por la Dirección de
Protección de los Derechos Fundamentales y por la Dirección de Delitos Comunes. Plan ejecutado por cuatro grupos de trabajo, formados
por fiscales y coordinadores que se ocupan de
investigar las muertes, lesiones y saqueos. Cuentan con la asistencia de la Dirección de
Asesoría Técnico-Científico e Investigaciones del Ministerio Público, implantándose,
en ese sentido, el “Sistema de Seguimiento de Casos”. Apoyo
de la OEA a Venezuela
El
Gobierno de Venezuela reconoce la solidaridad mostrada por la OEA, en momentos cruciales
para la vida democrática del país. Valora en alto grado la Resolución de la Asamblea
General AG/Res.1 (XXIX E/2) del 18 de abril de 2002, donde se acuerda: “Brindar
el apoyo y la ayuda de la OEA que el Gobierno de Venezuela requiriera para la
consolidación de su proceso democrático” Como
se ha explicado a lo largo de este informe, en Venezuela se avanza hacia la búsqueda de
un consenso nacional. Lo cual no niega que cada sector siga defendiendo sus banderas y
proyectos políticos. El proceso de diálogo está en plena evolución y desarrollo,
aunque aún persisten algunos escollos. Acuerdos preliminares existen ya. Otros,
igualmente sustantivos, se irán formando en los próximos días. El apoyo principal que
demanda el Gobierno de Venezuela de la OEA es
fundamentalmente de tipo político. En ese sentido, la Resolución ya mencionada
constituye una testimonial evidencia de apoyo al Gobierno y a la democracia en nuestro
país. El
Gobierno espera, a la luz del proceso de diálogo y reconciliación que se adelanta, consolidar mayores consensos. Estaría
inclinado a solicitar el apoyo específico del máximo organismo hemisférico, en caso de
que este fuere necesario, para profundizar y perfeccionar la institucionalidad
democrática en Venezuela. |