PALABRAS DEL EMBAJADOR JORGE VALERO REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ANTE LA OEA
EN
LA SESIÓN DEL CONSEJO PERMANENTE
DEL DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2002,
PARA PRESENTAR EL INFORME
“ACTUAL
SITUACION DE VENEZUELA”
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Un poeta inmenso,
Claudio Rodríguez, uno de los mejores del siglo XX y de la poesía española. Del mismo
tonelaje que Lorca y de San Juan de la Cruz, compuso un poema titulado “Canto del
Caminar”, que reza así:
“Pueblos hay que conocen
las estrellas,
acostumbrados
a los frutos, casi
tallados
a la imagen de sus hombres
que
saben de semillas por el tacto”
Así
es, Señora Presidenta, Señores Representantes Permanentes y Alternos, el pueblo
venezolano.
Venezuela
sufrió el 11 de abril de 2002 un golpe de Estado que significó una interrupción abrupta
del orden democrático y constitucional.
Los días 11, 12 y 13 de abril fueron
trágicos. Ocurrieron muertes y graves atentados contra la propiedad privada. La angustia
y el desasosiego invadieron los hogares venezolanos.
Unos
pocos actores del mundo civil y militar, quienes habían diseñado con antelación una
estrategia golpista, manipularon y utilizaron el incuestionable derecho que tiene
cualquier sector de la sociedad a disentir de las políticas oficiales. Eso fue lo que
ocurrió el 11 de abril. En medio de la caótica situación
y de la manipulación
mediática los golpistas detuvieron e incomunicaron al Presidente. Nombraron a un
gobernante de facto quien anunció, en el marco de su juramentación, en la tarde del 12
de abril, la disolución de todos los poderes del Estado; la nulidad de la Constitución
aprobada por más del 80% de la población en referéndum, el primero de la historia del
país. Eliminó por decreto 48 leyes de carácter social y económico. Destituyó a todos
los gobernadores, alcaldes, juntas parroquiales, electos por votación universal y
directa. Y hasta eliminó el nombre del país, mancillando así la figura egregia del
Padre de la Patria, el Libertador Simón Bolívar.
La Comunidad Internacional condenó
estos hechos. El Hemisferio parecía retrotraerse a aciagas situaciones del pasado,
signadas por el quebrantamiento de las libertades fundamentales y el irrespeto a los
derechos humanos. Durante las cuarenta y ocho (48) horas,
que el gobierno de facto permaneció en el poder, los golpistas mostraron su
naturaleza represiva y antipopular.
Histórica la decisión tomada por los
Ministros de Relaciones Exteriores y los Jefes
de Delegación, quienes aprobaran el 18 de abril de 2002 la Resolución denominada: “Apoyo
a la Democracia en Venezuela”, mediante la cual expresaron su “satisfacción por
el restablecimiento del orden constitucional y del gobierno democráticamente elegido del
Presidente Hugo Chávez Frías en la República Bolivariana de Venezuela”.
Los Cancilleres encomendaron al Consejo
Permanente de la Organización presentar “un informe global sobre la situación en
Venezuela al próximo período de sesiones de la Asamblea General”. En cumplimiento
de ese mandato la reunión de hoy aprobará el Informe. En ese contexto, nuestra
Delegación presenta las consideraciones que tiene el Gobierno de Venezuela sobre los
trágicos y desafortunados hechos ocurridos y las políticas que se adelantan actualmente
para lograr la plena normalidad institucional en nuestro país.
Un clamoroso movimiento popular, en
alianza con una Fuerza Armada Nacional, apegada a los valores fundamentales de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, logró el restablecimiento del
orden constitucional y restituyó en la primera magistratura al Presidente Hugo Chávez
Frías. Hecho inédito y sin precedentes en
la historia política de nuestro Continente. Gobernantes democráticamente electos fueron
removidos del ejercicio de sus funciones mediante golpes de Estado, sin que inmediatamente
aparecieran movimientos sociales y políticos con fuerza suficiente para restaurarlos. No
fue éste el caso de Venezuela.
Las primeras palabras del Presidente
Hugo Chávez, al reasumir sus funciones como Jefe de Estado, en la madrugada del domingo
14 de abril de 2002, estuvieron orientadas a promover un clima de paz y reconciliación.
Convocó al imperio de la racionalidad política. A la reunificación del país. Se
comprometió a continuar implementando el proyecto político que lidera (en aras de
alcanzar un país más justo, equitativo, libertario), en un marco democrático y
pacífico. Hizo un llamado a la reflexión de todos los sectores políticos y sociales,
sin exclusión alguna, para buscar alternativas, apegadas a la Constitución. Expresó que
regresaba a cumplir con la alta función encomendada por el pueblo soberano, sin ánimo de
retaliación ni espíritu revanchista. Reafirmó la disposición de su gobierno de
respetar los derechos humanos, sin menoscabo alguno. Manifestó su disposición de
convocar a un gran diálogo nacional con el propósito de superar los principales
problemas que aquejan al país.
El amplio debate que se da
en Venezuela, expresa el necesario y complejo proceso de cambios de naturaleza progresista
que demanda el país en todos los órdenes. Un verdadero desafío histórico. La mayoría
determinante de nuestra sociedad aspira profundizar y perfeccionar la democracia,
conjugando la vigencia del estado de derecho, con un estatuto de equidad económica, social y territorial. Para el Gobierno de Venezuela, Democracia y
Justicia son dos caras de una misma moneda.
Hay, sin embargo, quienes se oponen a
los cambios. Una minoría, la que ha detentado los privilegios del poder y usufructuado
groseramente las inmensas riquezas generadas por la economía petrolera venezolana, ha
logrado desafortunadamente irrigar su antidemocrática ideología. Minoría que se opone
obstinadamente a cualquier alternativa que signifique equilibrio y justicia en la
distribución de la riqueza.
Los planes conspirativos para
desestabilizar el orden democrático no han cesado. En honor a la verdad, se iniciaron
desde el mismo momento en que el Presidente Chávez obtuvo la victoria electoral. A pesar
de la derrota que han sufrido los sectores antidemocráticos, aún insisten en provocar
confrontaciones indeseables y se rehusan a participar en el diálogo que propone el Jefe
del Estado. Haciendo uso de ingentes recursos adelantan en el país y en el exterior una
campaña para desprestigiar al Gobierno. Su obsesión es derrocar al Presidente Chávez, por cualquier medio, aún a
costo de la ruina del país. Se resisten a competir en el terreno de la democracia y a
acatar el orden constitucional.
El Gobierno considera legítima a la
oposición. Absolutamente necesaria para perfeccionar la democracia. Ella nunca había
tenido en nuestro país tantas posibilidades de expresarse. No pocas veces se desborda en
sus críticas. Aún así, sus voceros reciben un tratamiento respetuoso y considerado.
Cuan tolerante el gobierno venezolano. Conducta sin parangón en la historia de América
Latina y el Caribe. El crimen, la tortura, la
cárcel y la persecución han sido las recetas que, con cierta frecuencia, se ha aplicado
a los disidentes políticos, a quienes irrumpen contra los poderes constituidos.
En el marco de las respectivas
competencias y facultades que les confiere la Constitución, las instituciones que forman
los poderes públicos del Estado venezolano, están implementando, en estos momentos, una
serie de iniciativas dirigidas a fortalecer la estabilidad democrática y lograr la
reconciliación de todos los venezolanos.
La disposición del Jefe del Estado de
impulsar el diálogo, no ha quedado en promesas. Mediante decreto del 28 de abril de 2002
estableció la Comisión para el Diálogo. Designó
para coordinarla al nuevo VicePresidente Ejecutivo de la República, Doctor José Vicente
Rangel, ex ministro de Defensa y exCanciller. Personalidad de probada trayectoria
democrática y consecuente defensor, durante su vida pública, de los derechos humanos. La
Comisión se ha conformado con amplia participación de diversos sectores de la vida
nacional; por una pluralidad de representación “intuito persona”.
Sus miembros han elaborado
consensualmente un decálogo que comprende los
temas sociales acuciantes, como la necesidad de superar la extendida pobreza que existe en
el país. Y en lo político-institucional, se dialoga sobre la duración del período
constitucional; la reforma de la Constitución; el papel de los Círculos Bolivarianos; el
rol del Poder Ciudadano; la integración del Consejo Nacional Electoral. Énfasis especial
dedican a la consideración de los lamentables hechos de violencia ocurridos durante el
día del golpe y los subsiguientes. Recomiendan adelantar un plan para lograr una
reducción considerable en el uso de las armas de fuego, con el objeto de impedir que
éstas estén en manos de la población civil; prerrogativa que corresponde exclusivamente
a la Fuerza Armada, a los cuerpos de seguridad del Estado y a las personas debidamente
autorizadas.
En la agenda del Diálogo se plantean
cuestiones fundamentales para alcanzar un amplio acuerdo político:
Ø Respetar la Constitución
y las leyes de la República;
Ø Condenar los golpes de Estado como forma de producir
cambios en la sociedad;
Ø Rechazar la violencia y la intolerancia en todas sus
manifestaciones;
Ø Respaldar la independencia de los poderes del Estado en los
términos establecidos en la Constitución;
Ø Garantizar la impecable
investigación de los hechos de violencia ocurridos los días 11, 12, 13, y 14 de abril;
Ø Examinar el rol de los
medios de comunicación;
Ø Establecer criterios de
transparencia y equilibrio para avanzar en el proceso de diálogo;
Ø Recomendar una lucha a
fondo contra la corrupción y la impunidad;
Ø Democratizar el diálogo
para que este se produzca a todos los niveles y en todas las regiones del país;
Ø Regularizar y controlar la
tenencia de armas, conforme a la ley;
Ø Garantizar la
transparencia y la equidad en la asignación de los recursos públicos.
Una Comisión Especial del Parlamento
investiga lo sucedido durante la interrupción inconstitucional. La integran diputados de
todas las tendencias políticas y es presidida por un diputado de la oposición. En ese
marco se desarrolla un intenso proceso de interpelaciones, tanto a personas afectas al
Gobierno como contrarias a él.
Luego de un intenso debate
parlamentario se adoptó unánimemente la decisión de crear una Comisión de la Verdad,
formada por miembros de la sociedad civil. Con el objeto de reglamentar su actuación y
hacer más transparente sus ejecutorias, será promulgada una “Ley sobre la Comisión
de la Verdad”. Ensayo absolutamente novedoso en el hemisferio ya que las comisiones
de la verdad que se han creado hasta ahora, al menos oficialmente, tuvieron por objeto el
esclarecimiento de los hechos y lesiones de derechos humanos correspondientes a períodos
históricos pasados de cada país y nunca, como será el ejemplo venezolano, a situaciones
presentes o en pleno desarrollo.
Las interpelaciones públicas por parte de la Asamblea Nacional a los principales
protagonistas, tanto del Gobierno como de la oposición, constituyen la mejor
demostración de la vigencia del Estado democrático de
Derecho en Venezuela. Incluso, se tiene prevista la comparecencia del propio
Presidente Hugo Chávez, quien ha mostrado su disposición a dialogar y colaborar con la
Comisión Especial.
El
Gobierno de Venezuela reconoce la solidaridad mostrada por la OEA, en momentos cruciales
para la vida democrática del país. Valora en alto grado la Resolución de la Asamblea
General, donde se acuerda:
“Brindar el apoyo y la ayuda de
la OEA que el Gobierno de Venezuela requiriera para la consolidación de su proceso
democrático”
En Venezuela se avanza hacia la
búsqueda de un consenso nacional. Lo cual no niega que cada sector siga defendiendo sus
proyectos políticos. El proceso de diálogo está en plena evolución y desarrollo,
aunque aún persisten algunos escollos. Acuerdos preliminares existen ya. Otros,
igualmente sustantivos, se irán formando en los próximos días. El apoyo principal que
demanda el Gobierno de Venezuela de la OEA es
fundamentalmente de tipo político. En ese sentido, la Resolución ya mencionada
constituye una testimonial evidencia de apoyo al Gobierno y a la democracia en nuestro
país.
El Gobierno espera, a la luz del
proceso de diálogo y reconciliación que se adelanta,
consolidar mayores consensos. Estaría inclinado a solicitar el apoyo específico del
máximo organismo hemisférico, en caso de que este fuere necesario, para profundizar y
perfeccionar la institucionalidad democrática en Venezuela.